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Compliance

Multas de la EAA en Luxemburgo: 500.000 €, pero solo por vía judicial

Multa de la EAA en Luxemburgo: hasta 500.000 €, pero solo la impone un juez.

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Alen Velkov

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Luxembourg - EAA Fines

La multa de 500.000 € de la EAA en Luxemburgo, y por qué el supervisor no puede imponerla

Con 500.000 €, que llegan a 1.000.000 € en caso de reincidencia, Luxemburgo tiene una de las sanciones por falta de accesibilidad más altas de la UE. Pero es una multa penal que solo puede imponer un tribunal. El organismo luxemburgués de accesibilidad no puede multar a nadie por ofrecer un servicio inaccesible: su potestad llega a 15.000 €, y solo para quien le pone trabas.

Respuesta breve

La ley luxemburguesa que transpone la EAA (la Loi du 8 mars 2023) divide las sanciones en dos, y esa división lo explica todo. El art. 33 fija una multa penal de 251 a 500.000 € por incumplir las obligaciones de accesibilidad propiamente dichas, que sube a entre 500 y 1.000.000 € en caso de reincidencia y que imponen los tribunales penales. El art. 32 permite al supervisor —un organismo creado para la ocasión, la OSAPS— imponer multas administrativas de 250 a 15.000 €, pero solo por negarse a entregar documentos, obstaculizar la vigilancia o desatender sus resoluciones. La falta de accesibilidad no está entre lo que la OSAPS puede multar. Lo que sí puede hacer directamente es prohibir o restringir un producto o servicio en el mercado luxemburgués, incluso de forma temporal mientras investiga. No consta ninguna sanción por ninguna de las dos vías.


Un tope de los más altos, en uno de los mercados más pequeños

Luxemburgo aparece en lo más alto, o casi, de la mayoría de las tablas de sanciones de la EAA y, a diferencia de lo que pasa con los Países Bajos o Francia, la cifra resiste la comprobación: los 500.000 € son reales. Pero hay dos cosas que casi siempre se pasan por alto, y las dos cambian lo que esa cifra significa para una empresa.

Es una multa penal, no administrativa. La mayoría de los Estados miembros aplican la EAA a través de un organismo que impone multas administrativas. Luxemburgo colocó su gran cifra en la vía penal, donde hacen falta una acusación y una condena.

La potestad del supervisor es una fracción de esa cifra, y apunta a otra cosa. Si se leen juntos los arts. 32 y 33 aparece algo poco habitual: en Luxemburgo no existe una multa administrativa por el simple hecho de no cumplir los requisitos de accesibilidad. Ese incumplimiento es delito o no es nada.

Vía del supervisor (art. 32)Vía judicial (art. 33)
Quién la imponeLa OSAPSLos tribunales penales
Qué castigaNegarse a entregar documentos, obstaculizar los controles, desatender las resoluciones de la OSAPSIncumplir las propias obligaciones de accesibilidad
Primera infracción250–15.000 €251–500.000 €
Reincidencia—500–1.000.000 € (obligatoria)

Y todo ello en un país de unos 680.000 habitantes: uno de los regímenes sancionadores más duros de la UE en uno de sus mercados de consumo más pequeños.

Qué dice la ley

La vía del supervisor (art. 32):

«(1) L'OSAPS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout opérateur économique qui : 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre de la surveillance du marché et dans le cadre de la conformité des services ; 2° fait obstacle à l'exercice de la surveillance du marché et de la conformité des services. (2) L'OSAPS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout opérateur économique qui ne respecte pas ses décisions prises en vertu de l'article 24, paragraphe 2, et de l'article 25, paragraphe 3.»

(Traducción propia: «1. La OSAPS podrá imponer una multa de 250 a 15.000 euros a todo agente económico que: 1.º se niegue a facilitar los documentos, la información u otros datos solicitados en el marco de la vigilancia del mercado y de la conformidad de los servicios; 2.º obstaculice el ejercicio de la vigilancia del mercado y de la conformidad de los servicios. 2. La OSAPS podrá imponer una multa de 250 a 15.000 euros a todo agente económico que no respete sus resoluciones adoptadas en virtud del artículo 24, apartado 2, y del artículo 25, apartado 3».)

— Loi du 8 mars 2023, art. 32.1 y 32.2 (Legilux)

Fíjese en lo que falta: los dos apartados se refieren a cómo se comporta la empresa con el supervisor, no con los usuarios con discapacidad. Las multas deben pagarse en los 30 días siguientes a la notificación aunque se recurran; cabe un recours en réformation (recurso de plena jurisdicción) ante el tribunal administrativo en el plazo de tres meses (art. 32.3), y el cobro corresponde a la Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, la administración tributaria encargada de los registros, el patrimonio y el IVA (art. 32.4).

La vía judicial (art. 33):

«(1) À l'exception des cas visés à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 1er, est puni d'une amende de 251 euros à 500 000 euros tout opérateur économique qui contrevient aux dispositions de l'article 6, paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6 et 7, et des articles 9, 11, 12, 13 et 15. Cette amende est proportionnée à l'étendue et la gravité de la non-conformité, du nombre d'unités de produits ou services non conformes et du nombre de personnes concernées.»

(Traducción propia: «1. Salvo en los casos previstos en el artículo 6, apartado 4, y en el artículo 16, apartado 1, será castigado con una multa de 251 a 500.000 euros todo agente económico que infrinja el artículo 6, apartados 1, 2, 3, 5, 6 y 7, y los artículos 9, 11, 12, 13 y 15. La multa será proporcional al alcance y la gravedad de la no conformidad, al número de unidades de productos o servicios no conformes y al número de personas afectadas».)

— Loi du 8 mars 2023, art. 33.1

Las primeras palabras contienen dos excepciones que importan: la multa penal no alcanza los casos del art. 6.4 —la exención general para las microempresas que prestan servicios— ni los del art. 16.1 —la defensa basada en la modificación sustancial y la carga desproporcionada—. Si se da cualquiera de las dos, los 500.000 € ni siquiera entran en juego.

Con la reincidencia, la ley no deja margen:

«(2) Tout opérateur économique ayant été condamné à une amende prévue au paragraphe 1er sera condamné à une amende de 500 euros à 1 000 000 euros à titre de récidive.»

(Traducción propia: «2. Todo agente económico que haya sido condenado a una multa prevista en el apartado 1 será condenado, como reincidente, a una multa de 500 a 1.000.000 euros».)

— Art. 33.2

Sera condamné, no pourra être condamné. Con una condena previa, el tramo superior es obligatorio: el tribunal no puede decidir no aplicarlo.

Y la disposición que no hemos encontrado en ninguna otra de las 27 transposiciones: una condena que cruza fronteras.

«(3) Les condamnations définitives prononcées dans un État membre de l'Union européenne sont prises en considération aux fins d'établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les dispositions de la directive (UE) 2019/882 telle qu'elle a été transposée par l'État membre de l'Union européenne concerné.»

(Traducción propia: «3. Las condenas firmes dictadas en un Estado miembro de la Unión Europea se tendrán en cuenta para apreciar la reincidencia, siempre que las infracciones que dieron lugar a ellas sean también punibles con arreglo a la Directiva (UE) 2019/882 tal como la haya transpuesto el Estado miembro de que se trate».)

— Art. 33.3

Una condena por falta de accesibilidad en cualquier país de la UE puede llevar a una empresa directamente al tramo luxemburgués de 1.000.000 €. Por último, el art. 33.4 permite a los tribunales ordenar «la confiscation et la destruction des biens ayant servi à l'infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites»: el decomiso y la destrucción de los bienes utilizados en la infracción y el decomiso de los beneficios ilícitos.

Lo que la OSAPS puede hacer sin pasar por un tribunal

Esta es la parte que de verdad afecta al negocio, y no tiene que ver con ninguna de las dos multas. El art. 28 da a la OSAPS poder directo sobre el acceso al mercado, incluida una prohibición temporal mientras todavía está comprobando:

«1° interdit ou restreint la fourniture d'un service qui n'est pas conforme aux conditions prévues dans la présente loi, […] ; 2° interdit temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir ou de proposer de fournir un service lorsqu'il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité […]»

(Traducción propia: «1.º prohíbe o restringe la prestación de un servicio que no cumpla las condiciones previstas en la presente ley […]; 2.º prohíbe temporalmente, durante el tiempo necesario para los distintos controles, prestar u ofrecer un servicio cuando existan indicios precisos y concordantes de su no conformidad […]».)

— Art. 28.2

El equivalente para productos, en el art. 28.1, va todavía más allá y añade la recuperación, la retirada, la modificación y la destrucción. Las medidas se levantan cuando la OSAPS confirma que el problema se ha corregido dentro del plazo fijado (art. 28.4) y pueden recurrirse ante el tribunal administrativo en un plazo de tres meses (art. 28.5).

Hay otros tres rasgos que hacen la vigilancia luxemburguesa especialmente incisiva para un país de este tamaño:

  • La empresa paga la inspección que la descubre. «En cas de constatation d'un manquement aux dispositions de la présente loi, les frais de surveillance du marché ou de la vérification de la conformité des services qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du fabricant ou de son mandataire. Si le fabricant respectivement le mandataire n'est pas établi dans l'Union européenne, ces frais sont à charge de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, à charge du revendeur.» Es decir, si se constata un incumplimiento de la ley, los costes de la vigilancia o de la comprobación corren a cargo del fabricante o de su representante, y, si ni el uno ni el otro están establecidos en la UE, del importador en la UE o, en su defecto, del revendedor (art. 30.5).
  • Los inspectores de la OSAPS son agentes de policía judicial. El art. 29 les da esa condición a los funcionarios de las categorías A y B tras una formación específica y un juramento ante el tribunal de distrito de Luxemburgo, y les aplica el artículo del Código Penal sobre el secreto profesional. El art. 30 permite entrar en locales «de jour et de nuit» (de día y de noche) cuando haya indicios graves de infracción; en las viviendas hace falta una orden de un juez de instrucción y solo entre las 6:30 y las 20:00. En las zonas abiertas al público de una tienda, los inspectores no tienen que identificarse para comprobar marcados o criterios de conformidad que se aprecien a simple vista (art. 30.3).
  • Cualquiera puede denunciar. «Toute personne physique ou morale peut également signaler la non-conformité d'un produit à l'OSAPS» (art. 22.1), con la misma regla para los servicios en el art. 25.2. No solo los clientes: también competidores, activistas, cualquiera. La OSAPS puede además abrir expediente de oficio.

Un supervisor creado desde cero

La mayoría de los Estados miembros encargaron la EAA a un organismo ya existente. Luxemburgo creó uno nuevo. La Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services (OSAPS), es decir, la Oficina de Vigilancia de la Accesibilidad de Productos y Servicios, existe solo para esta ley, depende del ministro responsable de la política de discapacidad y la dirige un director nombrado por el Gran Duque a propuesta del Gobierno (art. 3).

Sus funciones, según el art. 4, son sobre todo no sancionadoras: comprobar que las excepciones alegadas están justificadas, ofrecer orientación y herramientas pensadas para las microempresas, publicar ejemplos orientativos de soluciones conformes, recopilar estadísticas vinculadas expresamente al artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y consultar al Conseil supérieur des personnes handicapées (Consejo Superior de las Personas con Discapacidad). Un organismo pequeño, que prioriza el asesoramiento, pero que también tiene facultades de policía y puede, literalmente, sacar a una empresa del mercado: esa combinación es lo que hay que entender de Luxemburgo, más que los 500.000 €.

Dos particularidades luxemburguesas que conviene conocer

Se puede presentar la documentación en inglés. Las instrucciones de seguridad que acompañan a un producto deben estar al menos en una de las tres lenguas administrativas (art. 9.7), pero los documentos que se entregan a la OSAPS, a la Aduana o a la Policía para acreditar la conformidad pueden estar «dans au moins une des trois langues administratives […] ou en anglais» (en al menos una de las tres lenguas administrativas […] o en inglés) (arts. 9.9 y 11.9), igual que la documentación técnica en la que se basa la declaración UE de conformidad (art. 18.2). Los distribuidores no tienen esa opción para las instrucciones que transmiten (art. 12.2), algo a tener en cuenta si la empresa es el último eslabón de la cadena.

Los terminales disponen de hasta veinte años. Los terminales de autoservicio que ya se usaban legalmente antes de la entrada en vigor de la ley pueden seguir funcionando «jusqu'à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant dépasser vingt ans après leur mise en service» (hasta el final de su vida económicamente útil, sin superar veinte años desde su puesta en servicio) (art. 34.3). Es una opción que la propia Directiva ofrece a los Estados miembros, y Luxemburgo la aprovechó al máximo: un cajero automático o una máquina expendedora de billetes instalados a principios de 2025 pueden seguir siendo inaccesibles, legalmente, hasta mediados de la década de 2040. Por eso, un terminal no conforme en Luxemburgo no es, por sí solo, prueba de una infracción. La transición general para los servicios es más corta: los productos ya existentes que se usan para prestar servicios y los contratos firmados antes de la ley pueden mantenerse, como máximo, hasta el 28 de junio de 2030 (art. 34.2).

¿Se ha impuesto ya alguna sanción?

No consta ninguna sanción por ninguna de las dos vías. La OSAPS empezó a funcionar con la ley el 28 de junio de 2025 y, hasta ahora, se ha dedicado públicamente a orientar, validar exenciones e inspeccionar, no a sancionar. Y como los 500.000 € están en la vía penal, el primer caso luxemburgués necesita que un fiscal lo impulse, lo que es más lento y exigente que una multa firmada por un supervisor.

A corto plazo, por tanto, el riesgo realista no es la cifra de los titulares, sino una prohibición temporal en virtud del art. 28.2 mientras la OSAPS comprueba, una multa de hasta 15.000 € por obstrucción si la empresa no colabora y la factura de las pruebas.

Qué significa para su empresa

No haga cuentas con los 500.000 €: hágalas con la posibilidad de que le ordenen dejar de vender, quizá antes de que se haya constatado nada. La secuencia que amenaza a una empresa en Luxemburgo es esta: alguien la denuncia (puede hacerlo cualquiera), la OSAPS abre una comprobación, prohíbe temporalmente el servicio ante indicios precisos y concordantes, le cobra las pruebas y le añade hasta 15.000 € si obstaculizó el proceso.

De ahí que los consejos sean especialmente concretos:

  1. Cumpla la EN 301 549 (nivel AA de las WCAG 2.1) y conserve la documentación de conformidad, en inglés si lo prefiere.
  2. Colabore con la OSAPS, porque la obstrucción es lo único por lo que puede multarle directamente.
  3. Si es una microempresa que presta servicios, revise primero el art. 6.4: Luxemburgo aplica sin matices la exención completa de la EAA, y el art. 33.1 excluye expresamente esos casos de la multa penal.
  4. Si se acoge a la carga desproporcionada, tenga en cuenta que el art. 16.6 elimina por completo esa defensa cuando se ha recibido financiación externa para mejorar la accesibilidad, y que el art. 16.5 obliga a repetir la evaluación cuando cambie el servicio, cuando lo pida la OSAPS y, como mínimo, cada cinco años.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la multa de la EAA en Luxemburgo?

Una multa penal de 251 a 500.000 €, que pasa a ser de 500 a 1.000.000 € en caso de reincidencia (art. 33) y que imponen los tribunales. Aparte, la OSAPS puede imponer multas administrativas de 250 a 15.000 € (art. 32) por obstrucción o por desatender sus resoluciones.

¿Se duplican los 500.000 € en caso de reincidencia?

No exactamente. La reincidencia lleva a otro tramo, de 500 a 1.000.000 €, en lugar de duplicar la primera multa. Y, según el art. 33.2, el tribunal debe imponerla, no simplemente puede.

¿Puede el supervisor multarme con 500.000 € por tener una web inaccesible?

No. El tope de la OSAPS es de 15.000 €, y no puede multar por la falta de accesibilidad en sí, sino solo por obstaculizar su labor o desatender sus resoluciones. El incumplimiento de fondo es materia penal y corresponde a los tribunales.

¿Una condena en otro país de la UE me afecta en Luxemburgo?

Puede afectarle. El art. 33.3 tiene en cuenta las condenas firmes de otros Estados miembros para apreciar la reincidencia, siempre que la conducta sea punible según la transposición de la EAA de ese Estado.

¿Qué es lo más probable que ocurra?

Una prohibición o restricción para prestar el servicio en Luxemburgo —que puede imponerse de forma temporal incluso mientras siguen las comprobaciones—, más el coste de las pruebas de vigilancia del mercado.

¿Hay que presentar los documentos en francés?

No. La documentación de conformidad para la OSAPS, la Aduana o la Policía puede presentarse en francés, alemán, luxemburgués o inglés.


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