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Compliance

Multas de la EAA en Italia: 40.000 € o el 5 % de la facturación

Italia: de 5.000 a 40.000 €, o hasta el 5 % si se facturan más de 500 M€

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Alen Velkov

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Italy - EAA Fines

En Italia, la multa por la EAA es de 40.000 €, salvo que se facturen 500 millones: entonces llega al 5 % de la facturación

El decreto italiano que transpone la EAA fija un máximo de 40.000 €. Pero ese mismo artículo y las directrices de la propia AgID establecen que, a los grandes prestadores, se les aplica otra sanción por esos mismos incumplimientos: hasta el 5 % de la facturación. Reproducimos los dos textos y explicamos qué hace saltar de uno a otro.

Respuesta breve

La transposición italiana de la EAA (D.Lgs. 82/2022) fija una multa administrativa de 5.000 a 40.000 € por incumplir las obligaciones de accesibilidad, y otra de 2.500 a 30.000 € por desatender las órdenes de la autoridad u obstaculizar una inspección (art. 24). Pero si la empresa ofrece servicios al público a través de una web o una app y su facturación media de los tres últimos años supera los 500 millones de euros, el propio decreto aplica en su lugar la sanción de la Ley Stanca (y las directrices publicadas por la AgID lo confirman) —hasta el 5 % de la facturación— por incumplir esas mismas obligaciones del art. 24.1. Esa sanción solo entra en juego si se desatiende un requerimiento formal para corregir el problema. Una sola autoridad, la AgID, aplica las dos leyes, con un procedimiento sancionador aprobado en mayo de 2026.


Los 40.000 € no lo explican todo

Casi todas las listas de «multas de la EAA por país» despachan Italia con la horquilla de 5.000 a 40.000 € y pasan al siguiente. La cifra es correcta y, para la mayoría de las empresas, es la que se aplica. Pero no es el máximo.

En Italia conviven dos leyes de accesibilidad, igual que en Francia, aunque el error va en sentido contrario. En Francia se cita la cifra de la otra ley y sale un importe muy superior al real. En Italia se cita la de la ley de la EAA y sale un importe muy inferior al real para cualquier gran empresa.

  • La vía de la EAA: D.Lgs. 82/2022. En vigor desde el 16 de julio de 2022, con obligaciones aplicables desde el 28 de junio de 2025. Cubre el ámbito habitual de la EAA: comercio electrónico, banca para consumidores, comunicaciones electrónicas, acceso a medios audiovisuales, libros electrónicos y lectores, servicios de transporte de viajeros, terminales de autoservicio y equipos informáticos de consumo.
  • La vía de la Ley Stanca: Legge 4/2004. La primera ley italiana de accesibilidad, reformada en 2018 para transponer la Directiva sobre accesibilidad de los sitios web y ampliada a las grandes empresas privadas. Cubre webs y aplicaciones móviles, y es la que prevé la sanción del 5 % de la facturación.
Decreto de la EAA (D.Lgs. 82/2022)Ley Stanca (Legge 4/2004)
A quién se aplicaEmpresas que ofrecen productos y servicios incluidos en la EAAOrganismos públicos y empresas privadas con una facturación media superior a 500 millones de euros que ofrecen servicios a través de webs o apps
Multa máxima5.000–40.000 € (+ 2.500–30.000 € por no colaborar)Hasta el 5 % de la facturación
Cuándo se aplicaAl constatar el incumplimientoSolo si se desatiende un requerimiento formal de corrección
AutoridadAgID para los servicios (MIMIT para los productos)AgID

Lo singular de Italia es que el propio decreto de la EAA vincula expresamente ambas leyes, y la AgID ha precisado cómo: la sanción del 5 % de la ley antigua se aplica a los incumplimientos de la nueva.

Qué dice la ley

Empecemos por la sanción del propio decreto de la EAA, en su art. 24.1:

«[…] l'operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1 a 4, 10 e 12, commi da 1 a 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro […]. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si applica, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge.»

(Traducción propia: «[…] el agente económico que incumpla lo dispuesto en los artículos 3, 6.1 a 6.8, 8.1 a 8.7, 9.1 a 9.4, 10 y 12.1 a 12.4 será sancionado con una multa administrativa de 5.000 a 40.000 euros […]. A los sujetos a que se refiere el artículo 3.1-bis de la Ley n.º 4, de 9 de enero de 2004, se les aplica, en todo caso, la sanción prevista en el artículo 9.1-bis de la misma ley».)

— D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, art. 24.1 (Gazzetta Ufficiale)

Después, el art. 24 añade un segundo tramo de 2.500 a 30.000 €, en dos apartados (commi) distintos: uno por incumplir una orden de la autoridad de vigilancia y otro por no colaborar en una inspección. El art. 24.4 deja fuera los incumplimientos que se produzcan en procedimientos de contratación pública, que se rigen por el código de contratos públicos.

Pasemos a la Ley Stanca. Es su artículo sobre el ámbito de aplicación, el art. 3.1-bis, el que incluye a las grandes empresas privadas:

«La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.»

(Traducción propia: «La presente ley se aplica también a las personas jurídicas distintas de las indicadas en el apartado 1 que ofrezcan servicios al público a través de sitios web o aplicaciones móviles y cuya facturación media en los tres últimos años de actividad supere los quinientos millones de euros».)

— Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 3.1-bis

Y su régimen sancionador, el art. 9.1-bis, que conviene leer entero porque el orden de los pasos es lo que cuenta:

«L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID […]. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.»

(Traducción propia: «El incumplimiento de la presente ley por parte de los sujetos a que se refiere el artículo 3.1-bis será constatado y sancionado por la AgID […]. Si, tras la instrucción, la AgID aprecia infracciones de la presente ley, fijará un plazo para que el infractor las subsane. Si no se atiende dicho requerimiento, la AgID impondrá una multa administrativa de hasta el 5 % de la facturación».)

— Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 9.1-bis

La frase que une las dos leyes

Esto no aparece en ningún resumen en inglés que hayamos encontrado. La segunda frase del art. 24.1 ya remite a la sanción de la Ley Stanca. Las directrices de la AgID sobre accesibilidad de los servicios —las que se notificaron a la Comisión Europea antes de aprobarse— la llevan a la práctica y dicen de forma expresa que, una vez superado el umbral, la sanción del 5 % es la que aplica a los incumplimientos de las obligaciones del decreto de la EAA:

«Ai soggetti erogatori che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato in relazione alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto.»

(Traducción propia: «A los prestadores que ofrezcan servicios al público a través de sitios web o aplicaciones móviles y cuya facturación media en los tres últimos años de actividad supere los quinientos millones de euros, la AgID les impondrá una multa administrativa de hasta el 5 % de la facturación por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 24.1 del decreto».)

— AgID, Linee guida sull'accessibilità dei servizi, § 4.2 (versión 1.0 de 4 de marzo de 2026, aprobada por la Determinazione n. 38/2026; notificación TRIS 2025/0442/IT)

Si se lee junto al art. 24.1, el resultado es claro: el mismo incumplimiento, de la misma empresa, se castiga con hasta 40.000 € por debajo del umbral y con hasta el 5 % de la facturación por encima. Con 500 millones de facturación, el 5 % son 25 millones de euros: más de 600 veces la cifra del titular y, con diferencia, el mayor riesgo por accesibilidad de toda la UE.

Dos matices, en honor a la verdad. La base legal de la sanción del 5 % es la Ley Stanca; el decreto remite a ella y las directrices de la AgID, notificadas a la Comisión, precisan cómo se aplica a los incumplimientos del art. 24.1, pero ningún tribunal italiano se ha pronunciado todavía. Además, el texto habla de fatturato sin aclarar si se refiere a la facturación mundial o solo a la italiana, una duda que aún no ha resuelto ningún caso. El 5 % debe entenderse como el máximo declarado para los grandes prestadores, no como la multa previsible.

Lo que activa la sanción: no es el fallo, sino ignorar el requerimiento

El orden de los pasos del art. 9.1-bis es lo más útil, en la práctica, de toda la normativa italiana de accesibilidad. El 5 % no se impone a la primera. La AgID investiga y, si encuentra infracciones, fija un plazo para corregirlas. La sanción solo puede imponerse «in caso di inottemperanza alla diffida», es decir, si no se atiende ese requerimiento formal.

Así que en Italia lo que acarrea una multa calculada sobre la facturación no es un proceso de compra inaccesible, sino un proceso de compra inaccesible más un plazo de la AgID que se deja pasar. Es un riesgo totalmente controlable, y demuestra lo importante que es tener a alguien pendiente de las comunicaciones de la autoridad.

Una sola autoridad y un solo procedimiento, desde mayo de 2026

Hasta hace poco, lo que faltaba en Italia era el mecanismo para aplicar la ley. El art. 21.1 del decreto de la EAA designa a la autoridad:

«L'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, ne valuta la conformità […]»

(Traducción propia: «La Agencia para la Italia Digital, en su condición de autoridad de vigilancia de los servicios, cuando disponga de elementos suficientes para considerar que un servicio no es conforme a los requisitos de accesibilidad aplicables, evaluará su conformidad […]».)

— D.Lgs. 82/2022, art. 21.1

Y el 15 de mayo de 2026, la AgID aprobó la Determinazione n. 84/2026, un reglamento sobre cómo se constatan las infracciones y cómo se ejerce la potestad sancionadora, publicado en la Gazzetta Ufficiale el 23 de mayo de 2026. Refunde dos reglamentos anteriores (Det. 357/2019 y 355/2022) en un único marco que abarca las dos leyes. En él se establece:

  • Cómo empieza un expediente. Por reclamaciones presentadas en la plataforma de la AgID, por la supervisión periódica de la propia AgID o por denuncias de terceros. La instrucción previa corre a cargo del Difensore civico per il digitale (defensor cívico para lo digital), integrado en la AgID.
  • Dos fases. La primera es previa a la sanción: la AgID señala el problema, pide documentación y fija un plazo proporcionado. El expediente puede cerrarse aquí sin sanción. La segunda solo se abre si el incumplimiento persiste: comunicación formal de los cargos, derecho a presentar alegaciones y resolución final del director general de la AgID.
  • Plazos definidos. Unos 30 días para abrir el procedimiento sancionador una vez confirmado el incumplimiento, y unos 90 para resolverlo.

Dicho de otro modo: hace menos de seis meses que Italia ha publicado con detalle cómo piensa multar.

El plazo italiano que casi nadie conoce fuera de Italia: el 23 de septiembre

Al margen de las multas, la Ley Stanca impone una obligación de presentación. Las administraciones públicas deben completar o actualizar cada año, antes del 23 de septiembre, una declaración de accesibilidad (dichiarazione di accessibilità) de cada sitio web y de cada app mediante el formulario de la AgID. Las grandes empresas privadas incluidas en el art. 3.1-bis también deben publicarla, con una excepción que aquí importa. Según las preguntas frecuentes de la AgID, ya no están obligadas si son operadores económicos de servicios comprendidos en el D.Lgs. 82/2022:

«Non sono invece più tenuti a presentare la dichiarazione di accessibilità i soggetti che, pur rientrando nelle fattispecie previste dall'art. 3, comma 1-bis, della Legge 4/2004, sono operatori economici di servizi soggetti alle disposizioni del D. Lgs. 82/2022.»

(Traducción propia: «Ya no están obligados a presentar la declaración de accesibilidad los sujetos que, aun estando comprendidos en los supuestos del art. 3, apartado 1-bis, de la Ley 4/2004, sean operadores económicos de servicios sujetos a las disposiciones del D.Lgs. 82/2022».)

— AgID, preguntas frecuentes sobre accesibilidad (agid.gov.it)

Así, una gran empresa cuyo servicio figura en la lista de la EAA queda fuera de la obligación de presentar la declaración, mientras que la que entra en la Ley Stanca por otros motivos la mantiene. Allí donde la obligación se aplica, la declaración tiene fecha, es pública y se puede comprobar con suma facilidad, así que no presentarla es la manera más sencilla de acabar en la lista de la autoridad.

Quién vigila el cumplimiento

En los servicios, la AgID (Agenzia per l'Italia Digitale, Agencia para la Italia Digital), y nadie más (los productos los supervisa el Ministerio de Empresas y Made in Italy, MIMIT, art. 18). Según el art. 21, sus competencias abarcan incluso la banca para consumidores, un sector que casi todos los demás Estados miembros encargan a un supervisor financiero. Frente a los Países Bajos (seis autoridades), Irlanda (seis) o España (hasta 19 autoridades autonómicas), Italia tiene una sola autoridad: un solo canal de reclamaciones, una sola interpretación y un solo conjunto de directrices.

Esas directrices llegaron en marzo de 2026 (Determinazione n. 38/2026) y se basan en el principio de «accesibilidad por defecto y desde el diseño»: el servicio debe ser accesible en su configuración normal, sin que el usuario tenga que activar nada, y la accesibilidad debe tenerse en cuenta durante todo el ciclo de vida del servicio, no añadirse al final como un parche. Según lo publicado sobre ellas, la AgID se muestra escéptica ante los overlays y los widgets de accesibilidad como forma de cumplir.

¿Se ha aplicado ya?

No ha trascendido ninguna sanción confirmada en aplicación del D.Lgs. 82/2022. Pero Italia está más avanzada de lo que sugiere un «no ha pasado nada»: las dos piezas que faltaban han llegado este año, las directrices técnicas en marzo de 2026 y el procedimiento sancionador en mayo. Una autoridad que acaba de regular por escrito cómo multa y que ya tiene un canal público de reclamaciones no parece dispuesta a dejar esa potestad en el cajón.

Qué supone para su empresa

Lo primero es responder a una pregunta: ¿supera los 500 millones de euros la facturación media de los tres últimos años?

  • Si la respuesta es sí, el riesgo en Italia no son 40.000 €, sino una sanción calculada sobre la facturación por los mismos incumplimientos, y la obligación de la Ley Stanca se aplica a la web y a la app aunque nada de lo que se venda figure en la lista de la EAA. Además, debe presentar a la AgID una declaración de accesibilidad, salvo que sea operador económico de servicios comprendidos en el D.Lgs. 82/2022, que según la AgID ya no la presentan.
  • Si la respuesta es no, el máximo es la horquilla de 5.000 a 40.000 € del art. 24, a la que puede sumarse la multa de 2.500 a 30.000 € por no colaborar.

En los dos casos, lo que hace escalar la situación es lo mismo y es de procedimiento: la AgID da un plazo antes de multar. Conviene cumplir la norma EN 301 549 y el nivel AA de las WCAG 2.1, guardar documentación fechada y designar a una persona concreta que esté atenta a las comunicaciones de la AgID, porque en Italia la diferencia entre un expediente archivado y una sanción sobre la facturación es que alguien haya respondido al requerimiento.

Preguntas frecuentes

¿Qué multa prevé Italia por incumplir la EAA?

De 5.000 a 40.000 € por incumplir las obligaciones de accesibilidad, y de 2.500 a 30.000 € por no cumplir las órdenes de la autoridad de vigilancia u obstaculizar una inspección (art. 24 del D.Lgs. 82/2022).

¿Es verdad que Italia puede multar con el 5 % de la facturación?

Sí, a los grandes prestadores. Según el art. 9.1-bis de la Legge 4/2004, la AgID puede imponer hasta el 5 % de la facturación a las entidades que ofrecen servicios al público a través de webs o apps y tienen una facturación media superior a 500 millones de euros, y el art. 24.1 del decreto de la EAA, como confirman las directrices publicadas por la AgID, aplica esa sanción a los incumplimientos de las propias obligaciones del decreto. Solo puede imponerse si se desatiende un requerimiento formal para corregir el problema.

¿Quién vigila la accesibilidad en Italia?

La AgID, en las dos leyes (el MIMIT, en los productos), incluida la banca para consumidores, que la mayoría de los Estados miembros encargan a un supervisor financiero. Las reclamaciones las instruye el Difensore civico per il digitale.

¿Está mi empresa sujeta a la Ley Stanca?

Sí, si su facturación media anual de los tres últimos años supera los 500 millones de euros y ofrece servicios al público a través de una web o una app, con independencia de que lo que vende esté incluido o no en la EAA.

¿Qué pasa el 23 de septiembre?

Es la fecha límite anual para que las administraciones públicas completen o actualicen la declaración de accesibilidad de cada sitio web y de cada app. Las grandes empresas privadas sujetas a la Ley Stanca también publican una declaración, pero, según la AgID, las que son operadores económicos de servicios comprendidos en el D.Lgs. 82/2022 ya no están obligadas.


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