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Compliance

Multas de la EAA en Polonia (2026): 89.035,60 zł y 180 días de prohibición

Europejski akt o dostępności: la multa de 2026 en Polonia y a quién afecta

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Alen Velkov

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EAA Fines - Poland

Europejski akt o dostępności: en Polonia, la multa por la EAA es una fórmula, y este año da 89.035,60 zł

Polonia no puso una cifra en su ley de accesibilidad, sino una fórmula que se actualiza sola cada febrero. Explicamos cuánto da este año, a quién se aplica la ley polaca (kogo dotyczy) y por qué la multa es lo menos peligroso que contiene.

Respuesta breve

La ley con la que Polonia traspone la EAA (Ley de 26 de abril de 2024, Dz.U. 2024 poz. 731) no fija ninguna cifra en euros. La multa máxima es diez veces el salario medio mensual de la economía nacional del año anterior, y nunca más del 10 % del volumen de negocios; este segundo límite rebaja la multa a las empresas pequeñas, no la aumenta a las grandes. Con el dato publicado por la Oficina Central de Estadística (GUS) el 9 de febrero de 2026, el máximo para 2026 es de 89.035,60 zł, unos 21.000 €. Pero hay otras dos disposiciones mucho más importantes: la autoridad puede prohibir la prestación del servicio durante 180 días, y una reclamación de un consumidor que no se contesta se da automáticamente por resuelta a favor del consumidor.

¿De qué ley polaca hablamos?

En las búsquedas en polaco, la EAA aparece como europejski akt o dostępności o europejski akt dostępności 2025, y es habitual buscar europejski akt o dostępności ustawa, es decir, la ley polaca que la incorpora. Esa ley es la ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz.U. 2024 poz. 731), la ley sobre el cumplimiento, por parte de los agentes económicos, de los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios. Se aplica desde el 28 de junio de 2025.

No hay que confundirla con la ley de 2019 sobre la accesibilidad digital de los sitios web y las aplicaciones móviles de los organismos públicos (ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Para una empresa privada que vende a consumidores, la que cuenta es la de 2024.

¿A quién se aplica? (Kogo dotyczy?)

  • Productos como ordenadores, móviles, lectores de libros electrónicos, terminales de autoservicio y terminales de pago introducidos en el mercado después del 28 de junio de 2025: fabricantes, importadores y distribuidores.
  • Servicios prestados a consumidores, entre ellos el comercio electrónico, la banca para consumidores, las comunicaciones electrónicas, los libros electrónicos, el acceso a medios audiovisuales y algunos elementos del transporte de viajeros.
  • No se aplica a las microempresas que prestan servicios: están exentas de los requisitos para servicios.

Si la web o la app es el canal por el que se presta uno de esos servicios —una tienda online, por ejemplo—, tiene que cumplir los requisitos de accesibilidad.


Una ley sin cifras

Polonia forma parte de un grupo muy reducido —con Italia por un lado y España por otro— en el que la pregunta «¿cuál es la multa?» no tiene una respuesta fija. La diferencia es que, en Polonia, la respuesta se puede calcular. La ley se remite a un índice que se publica cada año, así que el máximo cambia anualmente sin necesidad de reformar la ley.

De ahí se derivan dos consecuencias. La primera: cualquier cifra publicada sobre Polonia caduca a los doce meses, y la mayoría de las que circulan llevan dos actualizaciones de retraso. La segunda —y es justo lo que las tablas comparativas entienden al revés—: el volumen de negocios no sirve para subir la multa. La ley dice que la sanción no puede superar diez veces la referencia salarial ni el 10 % del volumen de negocios, y se aplica el límite más bajo de los dos. En cualquier empresa que facture más de unos 890.000 zł (unos 209.000 €), manda el límite salarial. El 10 % solo afecta a los negocios más pequeños, y lo que hace es bajar el máximo.

Volumen de negocios anualLímite aplicableMáximo en 2026
Más de unos 890.000 zł (unos 209.000 €)10 × salario medio mensual89.035,60 zł (unos 21.000 €)
Menos de unos 890.000 zł10 % del volumen de negociosMenos de 89.035,60 zł

Por tanto, en la práctica Polonia no aplica un sistema de porcentaje sobre la facturación como el que afrontan los grandes prestadores en Italia. Su máximo ronda los 21.000 € tanto para una tienda mediana como para una gran cadena nacional.

Qué dice la ley

El régimen sancionador está en el art. 73. La fórmula con la que se cierran tanto el art. 73.1 (fabricantes y prestadores de servicios) como el art. 73.2 (importadores y distribuidores) dice así:

«[…] w wysokości do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednak nie większej niż 10 % obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, ustalonego według stanu na dzień wydania decyzji, o których mowa w art. 56 ust. 1 albo art. 65 ust. 1.»

(Traducción propia: «[…] por un importe de hasta diez veces el salario medio mensual de la economía nacional del año anterior, publicado por el presidente de la Oficina Central de Estadística (GUS) en el Diario Oficial de la República de Polonia “Monitor Polski” con arreglo a la normativa sobre pensiones de jubilación e incapacidad del Fondo de la Seguridad Social, pero no superior al 10 % del volumen de negocios obtenido en el ejercicio anterior al año en que se imponga la sanción, calculado a la fecha en que se dicte la resolución prevista en el art. 56.1 o en el art. 65.1».)

— Ley de 26 de abril de 2024, art. 73.1 (ISAP)

A continuación, el art. 73 fija los criterios para graduar la multa y la forma de pago:

«Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się, uwzględniając zakres naruszenia przepisów ustawy, w tym jego wagę, liczbę produktów albo usług niespełniających wymagań dostępności i liczbę osób, na które wpływa ono negatywnie.»

(Traducción propia: «La cuantía de las sanciones pecuniarias a que se refieren los apartados 1 y 2 se fijará teniendo en cuenta el alcance de la infracción de la ley, incluida su gravedad, el número de productos o servicios que no cumplen los requisitos de accesibilidad y el número de personas a las que perjudica».)

— Art. 73.4

«Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna, na rachunek bankowy Funduszu Dostępności, […]»

(Traducción propia: «Las sanciones pecuniarias a que se refieren los apartados 1 y 2 se abonarán en el plazo de 14 días desde la fecha en que la resolución sancionadora sea firme, en la cuenta bancaria del Fondo de Accesibilidad (Fundusz Dostępności) […]».)

— Art. 73.5

Este último detalle es menor, pero dice mucho: en Polonia, lo recaudado por multas de accesibilidad tiene un destino fijado. No va a la caja común del Estado, sino al fondo que financia proyectos de accesibilidad.

El cálculo de este año

La ley remite a un dato concreto: el salario medio que publica el presidente de la GUS conforme a la normativa de pensiones. Ese dato se publicó el 9 de febrero de 2026 y sitúa el salario medio de la economía nacional en 2025 en 8.903,56 zł.

Multiplicado por diez, da 89.035,60 zł, unos 21.000 € a un cambio aproximado de 4,25 zł por euro.

Como referencia, el mismo cálculo daba unos 19.000 € hace un año y unos 17.000 € el año anterior. El máximo polaco ha subido en torno a un 25 % en dos años sin que la ley haya cambiado una coma, y volverá a moverse el próximo febrero. Cualquier fuente que dé una cifra fija en euros para Polonia ofrece una foto fija, lo diga o no.

El riesgo no es la multa, sino estas dos cosas

Si hay que quedarse con una sola idea sobre Polonia, no deberían ser los 21.000 €.

1. La prohibición de prestar el servicio durante 180 días. Si una inspección concluye que un servicio no cumple, la autoridad puede exigir que se corrija y, además, suspender el servicio mientras tanto:

«[…] 2) mogą, w drodze decyzji, zakazać oferowania lub świadczenia usługi na okres nie dłuższy niż 180 dni.»

(Traducción propia: «[…] 2) podrán, mediante resolución, prohibir la oferta o la prestación del servicio durante un plazo no superior a 180 días».)

— Art. 62.1, punto 2

El art. 64 permite además prorrogar esa prohibición hasta que termine el procedimiento. Para los productos, el art. 52 cumple la misma función. Seis meses fuera del mercado polaco es un daño de otra magnitud, con el que una multa de 21.000 € no admite comparación.

2. La reclamación sin respuesta se convierte en una obligación. Es la disposición que casi nadie conoce fuera de Polonia, y la que más probabilidades tiene de sorprender a una empresa extranjera. Cualquier consumidor puede reclamar directamente a la empresa porque un producto o servicio no es accesible (art. 35). La empresa tiene 30 días para responder, ampliables a 60 solo si avisa al consumidor dentro de los 30 primeros. Y después:

«W przypadku niedotrzymania terminu określonego odpowiednio w ust. 2 albo 3 skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem skarżącego. Podmiot gospodarczy realizuje żądanie skarżącego w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania skargi.»

(Traducción propia: «Si no se respeta el plazo previsto, según el caso, en el apartado 2 o en el 3, la reclamación se considerará resuelta conforme a lo solicitado por el reclamante. El agente económico atenderá lo solicitado en un plazo no superior a 6 meses desde la recepción de la reclamación.»)

— Art. 37.4

Vale la pena releerlo. Sin autoridad, sin inspección y sin que nadie compruebe siquiera si la reclamación tenía fundamento. Un mensaje que pasa 31 días sin leer en el buzón de atención al cliente se convierte en la obligación vinculante de hacer lo que pedía, en un plazo de seis meses. Y las reclamaciones pueden presentarse por escrito (en persona, por correo postal o a una dirección para notificaciones electrónicas), por teléfono, de palabra para que conste en acta o por cualquier medio electrónico que la empresa haya habilitado para ello (art. 37.1), así que alegar que «solo atendemos solicitudes a través del formulario web» no sirve de nada.

Quién vigila el cumplimiento

Polonia reparte la vigilancia entre siete autoridades sectoriales, coordinadas por el PFRON:

SectorAutoridad
Comercio electrónicoEl ministro competente en materia de digitalización (minister właściwy do spraw informatyzacji)
Banca minoristaEl Rzecznik Finansowy (defensor del cliente financiero), no el supervisor financiero, algo poco habitual en la UE
Telecomunicaciones, medios audiovisuales, libros electrónicos, hardware y terminalesUKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej, la autoridad de comunicaciones electrónicas)
Servicios de autobús y autocarLos inspectores de transporte por carretera de cada voivodato (wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego)
FerrocarrilUTK (Urząd Transportu Kolejowego, la autoridad ferroviaria)
Transporte aéreoULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego, la autoridad de aviación civil)
Transporte marítimo y fluvialLos directores de las oficinas marítimas (urzędy morskie) / el director de la Oficina de Navegación Interior de Bydgoszcz (Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy)

Las coordina a todas el PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fondo Estatal de Rehabilitación de las Personas con Discapacidad), que además inspecciona y multa por su cuenta y recibe las denuncias de cualquier persona. Una división sectorial tan detallada tiene consecuencias: una tienda online que además vende un producto de crédito responde ante dos autoridades distintas por la misma web.

Y, según el art. 67, cualquier persona —no solo los clientes— puede comunicar al PFRON que un producto o servicio no es accesible, incluso de palabra o en lengua de signos polaca.

Cómo avanza un expediente

En Polonia no llega una multa de la nada: la ley prevé un recorrido largo y documentado:

  1. Inspección, cuando hay dudas fundadas o una denuncia.
  2. Si la evaluación de carga desproporcionada no es adecuada, al menos 60 días para rehacerla.
  3. Un requerimiento para que se adopten medidas correctoras, con pruebas de que se han adoptado, en un plazo de hasta 120 días (art. 62.1, punto 1).
  4. Solo si esas pruebas no llegan, la autoridad abre de oficio un procedimiento formal (art. 63).
  5. Resolución: solo en este punto puede imponerse una multa (art. 73.3).

En la práctica, son unos seis meses desde el primer contacto, siempre que la empresa colabore. Eso sí, la prohibición de 180 días puede imponerse ya en el paso 3: no hay que esperar al final.

¿Se ha aplicado ya?

No se ha publicado ninguna sanción. Las páginas del PFRON sobre vigilancia del mercado describen la estructura y las competencias de cada autoridad, pero no recogen resoluciones, inspecciones ni multas, y lo que publicaron los organismos supervisores a mediados de 2025 fueron sus directrices de funcionamiento, no resultados. Polonia está en la misma fase que la mayor parte de la UE: el mecanismo está montado, pero parado.

La excepción, y es importante, es que la vía de reclamación del art. 37 no necesita a ninguna autoridad. Ya funciona, depende del propio buzón de la empresa y nunca aparecerá en ninguna estadística oficial.

Qué supone para su empresa

La medida más rentable en Polonia apenas cuesta dinero: nombrar a un responsable de las reclamaciones de accesibilidad y fijar un plazo interno de 30 días para contestarlas. De las 27 leyes nacionales que hemos analizado, el art. 37.4 es la única disposición que convierte un descuido administrativo directamente en una obligación legal, y basta un recordatorio en el calendario para evitarlo.

Después, conviene averiguar cuál de las siete autoridades es la competente (y si es más de una); si se recurre a la excepción por carga desproporcionada, documentar bien la evaluación y programar una revisión cada cinco años; y comprobar si se ha recibido financiación externa para hacer algo accesible, porque el art. 21.11 impide alegar la carga desproporcionada respecto de cualquier requisito para el que se haya recibido financiación. Y, por último, ver los 21.000 € como lo que son: la menor de las tres consecuencias que prevé Polonia.

Preguntas frecuentes

¿Qué multa prevé Polonia por incumplir la EAA?

No hay un importe fijo. El máximo es diez veces el salario medio mensual del año anterior, con el límite del 10 % del volumen de negocios. Con el dato publicado el 9 de febrero de 2026 (8.903,56 zł), son 89.035,60 zł, unos 21.000 €, en 2026.

¿El límite del 10 % del volumen de negocios significa que las grandes empresas pagan más?

No, es justo al revés. La multa no puede superar ninguno de los dos límites, así que, en cualquier empresa que facture más de unos 890.000 zł, el máximo efectivo es el basado en el salario. El 10 % solo reduce el máximo de los negocios muy pequeños.

¿Qué es lo peor que puede pasar en Polonia?

No es la multa. La autoridad puede prohibir que se ofrezca o se preste el servicio durante un máximo de 180 días (art. 62) y prorrogar la prohibición hasta que termine el procedimiento (art. 64).

¿Qué pasa si no contesto a la reclamación de accesibilidad de un cliente?

Pasados 30 días (o 60, si se amplió el plazo correctamente), la reclamación se da por resuelta a favor del cliente y hay seis meses para hacer lo que pedía, sin que intervenga ninguna autoridad y sin que se compruebe si tenía razón (art. 37.4).

¿Quién vigila el cumplimiento de la EAA en Polonia?

Siete autoridades sectoriales coordinadas por el PFRON, entre ellas el Rzecznik Finansowy (defensor del cliente financiero) para la banca minorista, algo poco habitual en otros países.


Najczęstsze pytania o europejski akt o dostępności (preguntas frecuentes en polaco)

Czym jest europejski akt o dostępności?

To dyrektywa UE (2019/882), która ustala wymagania dostępności dla wybranych produktów i usług. W Polsce wdraża ją ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Kogo dotyczy europejski akt o dostępności?

Producentów, importerów i dystrybutorów wybranych produktów oraz usługodawców świadczących wybrane usługi dla konsumentów, na przykład sklepów internetowych, bankowości czy e-booków. Mikroprzedsiębiorcy świadczący usługi są wyłączeni.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Od 28 czerwca 2025 r.

Jaka kara grozi w 2026 roku?

Do dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego roku, czyli 89 035,60 zł w 2026 r., ale nie więcej niż 10% obrotu.


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