En Chipre, el mismo incumplimiento puede acarrear una multa y un proceso penal
Irlanda convirtió el incumplimiento de las normas de accesibilidad en delito. Chipre también, pero además mantuvo la multa administrativa, de forma expresa y en la misma ley: el artículo 38 empieza con las palabras «con independencia de la imposición de una multa administrativa». Si a eso se suma una sanción de 500 € por cada día que dure el incumplimiento, las cifras chipriotas ya no parecen tan modestas.
Respuesta breve
La ley con la que Chipre traspone la EAA (Ley 57(I)/2024) aplica dos vías sancionadoras a la vez. Por la vía administrativa, la autoridad competente puede imponer hasta 10.000 €, o 20.000 € si hay reincidencia, más 500 € por cada día que se mantenga el incumplimiento. Por la vía penal —y, de forma expresa, con independencia de que ya se haya impuesto una multa administrativa—, la misma conducta se castiga con hasta dos años de prisión, 20.000 € de multa o ambas penas en la primera condena, y con tres años, 30.000 € o ambas en la segunda. La autoridad competente no es un cuerpo de inspección, sino un miembro del Gobierno: el viceministro de Bienestar Social. No consta ninguna actuación hasta la fecha.
Dos vías que no se esperan la una a la otra
La mayoría de los Estados miembros eligen un camino. Luxemburgo tipificó como delito el incumplimiento de fondo y dejó a su organismo supervisor solo una multa por obstrucción. Irlanda también lo convirtió en delito, con órdenes civiles de cumplimiento en paralelo. Chequia y Austria optaron por una vía exclusivamente administrativa.
Chipre hace las dos cosas, y lo dice sin rodeos. El artículo 35 enumera las conductas que constituyen una «infracción» sancionable con multa administrativa: comercializar un producto o servicio que no cumple los requisitos, desatender un requerimiento de cumplimiento, no tener el marcado CE o la declaración, obstaculizar la labor de un inspector o no entregar documentos. El artículo 36 fija las cuantías. Y el artículo 38 empieza así:
«Ανεξαρτήτως της επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 36, πρόσωπο το οποίο- (α) καθιστά διαθέσιμο στην αγορά προϊόν ή υπηρεσία που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου […] διαπράττει αδίκημα»
(Traducción propia: «Con independencia de la imposición de una multa administrativa conforme al artículo 36, toda persona que: a) comercialice un producto o servicio que no cumpla las disposiciones de la presente Ley […] comete un delito».)
— Ley 57(I)/2024, art. 38 (CyLaw)
Hay que fijarse en el solapamiento. La letra a) del artículo 38 abarca la misma conducta que la letra a) del artículo 35: comercializar un producto o servicio que no cumple los requisitos. Así que ofrecer un servicio inaccesible en el mercado chipriota puede acarrear una multa administrativa del viceministro y, además, un proceso penal, y la ley prevé expresamente las dos cosas.
Las penas son estas:
«(αα) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) και/ή στις δύο αυτές ποινές· και (ββ) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) και/ή στις δύο (2) αυτές ποινές.»
(Traducción propia: «aa) en caso de primera condena, será castigada con pena de prisión de hasta dos (2) años o con multa de hasta veinte mil euros (20.000 €), o con ambas penas; y bb) en caso de segunda condena o posteriores, con pena de prisión de hasta tres (3) años o con multa de hasta treinta mil euros (30.000 €), o con ambas penas».)
— art. 38
| Vía administrativa (art. 36) | Vía penal (art. 38) | |
|---|---|---|
| Quién la impone | La autoridad competente | Un tribunal penal |
| Primera vez | Hasta 10.000 € | Hasta 2 años de prisión y/o 20.000 € |
| Reincidencia | Hasta 20.000 € | Hasta 3 años de prisión y/o 30.000 € |
| Incumplimiento continuado | Hasta 500 € por día | — |
| ¿Pueden aplicarse ambas? | Sí: el art. 38 se aplica «con independencia» de cualquier multa del art. 36 |
La cifra que importa: 500 € al día
El artículo 36 parece moderado hasta que se llega a su segundo apartado:
«(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) σε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 35 παραβάσεις και, σε περίπτωση μεταγενέστερης παράβασης, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000). (2) Σε περίπτωση συνέχισης παράβασης για την οποία έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.»
(Traducción propia: «1. La autoridad competente podrá imponer una multa administrativa de hasta diez mil euros (10.000 €) a quien cometa cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 35 y, en caso de infracción posterior, una multa administrativa de hasta veinte mil euros (20.000 €). 2. Si continúa una infracción por la que se haya impuesto una multa administrativa conforme al apartado 1, la autoridad competente podrá imponer una multa de hasta quinientos euros (500 €) por cada día que continúe la infracción, en función de su gravedad».)
— art. 36.1 y 36.2
Son 500 € diarios, sin tope declarado y sin más fecha final que el cumplimiento. Al cabo de un año suman 182.500 €: más de nueve veces los 20.000 € del titular y más que la multa penal máxima.
La cifra resulta familiar. Es la misma que fijó un tribunal francés en junio de 2026, cuando el Tribunal judiciaire de Caen impuso 500 € diarios a una cadena de distribución que no había hecho accesible su web a tiempo. La diferencia es que en Francia hizo falta una demanda civil de organizaciones de personas con discapacidad. En Chipre es una potestad administrativa permanente, que la autoridad puede ejercer sin pasar por los tribunales.
Por eso Chipre debe situarse entre los regímenes que sancionan «hasta que se cumpla» —como el vite sueco—, cuyo techo real no tiene límite, aunque sus cifras de titular parezcan las de un país de multas fijas.
El supervisor es un miembro del Gobierno
El artículo 3.1 designa como autoridad competente a «ο Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας», el viceministro de Bienestar Social; las «autoridades de vigilancia de la accesibilidad» son los departamentos y servicios de la Administración que designa el Consejo de Ministros conforme al artículo 3.3.
Es una opción poco habitual. En el resto de los 27, quien vigila es una inspección de comercio, un regulador de telecomunicaciones, un organismo de vigilancia del mercado o una agencia creada para ello. Chipre encomienda la vigilancia a un cargo político del área de bienestar social, lo que la presenta como una cuestión de derechos de las personas con discapacidad más que de conformidad de productos, y permite cambiar las autoridades encargadas por decisión del Gobierno, sin reformar la ley.
Unas facultades de investigación de las más amplias que hemos visto
El artículo 27 concede a la autoridad competente y a las autoridades de vigilancia facultades que van mucho más allá de pedir documentos:
- Acceso al software integrado cuando sea necesario para evaluar la conformidad, en cualquier formato y esté donde esté almacenado.
- Información para averiguar quién es el titular de una web, cuando sea relevante para la investigación.
- Inspecciones en la planta de fabricación, durante la producción, o en las instalaciones donde se diseña y se pone en marcha un servicio, con el fin expreso de determinar si el incumplimiento se debe a un descuido o a un error que se repite.
- Fotografías, material audiovisual y grabaciones, cuando el inspector lo considere necesario.
- Incautación de productos, del hardware y el software con los que se presta un servicio y de los documentos, registros y archivos electrónicos que puedan servir como prueba, además de la facultad de exigir una demostración del servicio.
Conviene conocer otros dos detalles. Según el artículo 27.2.b), los documentos pueden exigirse en griego, en inglés o en ambos idiomas, una facilidad importante si se compara con Chequia, que exige el checo para la documentación de los productos. Y, según el artículo 34.3, cuando la autoridad actúa contra un producto o servicio debe advertir a los consumidores, entre otras vías mediante un comunicado a los medios con todos los datos necesarios, incluidos los del agente económico. Es la tercera norma de esta serie que expone públicamente al infractor, después de la publicación obligatoria en prensa de Portugal y de las listas públicas de Chequia, y en Chipre se activa con la actuación de la autoridad, no con una condena.
Los gastos de la investigación, a cargo del infractor
El artículo 39 permite al tribunal que dicta la condena obligar al infractor a resarcir a las autoridades por los gastos de incautar o retener productos, de ejecutar una orden de decomiso o de ejercer sus demás facultades, además de cualquier condena en costas. Eslovenia (art. 33) y Luxemburgo (art. 30.5) tienen mecanismos equivalentes por vía administrativa; en Chipre pasa por el tribunal penal.
Las multas administrativas impagadas se cobran como deuda civil con la República (art. 37.5), y para impugnarlas hay que presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo en un plazo de 75 días (art. 37.4).
¿Se ha aplicado ya?
No ha trascendido ninguna multa administrativa, proceso penal ni requerimiento de cumplimiento en aplicación de la Ley 57(I)/2024. Chipre es un mercado pequeño, su autoridad supervisora depende de un ministerio en lugar de ser un cuerpo de inspección permanente y no existe un registro público de resoluciones sobre accesibilidad. Por eso, como en Portugal y Eslovenia, este silencio dice poco: no es un cero documentado como los que publican Austria y Eslovaquia.
Qué supone para su empresa
No conviene calcular el riesgo en Chipre a partir de los 10.000 €. Se suman tres cosas: la multa administrativa, la sanción de 500 € diarios que corre hasta que se resuelve el problema y un proceso penal que el artículo 38 permite expresamente además de lo anterior. Un incumplimiento que se deja sin corregir durante un año y acaba en los tribunales puede rondar los 200.000 € y la posibilidad de una pena de prisión, a partir de una cifra inicial que parece de las más suaves de la Unión.
- Lo que cuenta es cuánto se tarda en corregir. La sanción diaria solo empieza a contar cuando se ha impuesto una multa conforme al artículo 36.1, así que conviene aprovechar el margen entre el primer contacto de la autoridad y la primera multa.
- El daño reputacional llega pronto. El artículo 34.3 prevé el comunicado a los medios al mismo tiempo que la actuación de la autoridad, no después de una condena.
- Aproveche la opción del inglés. Se puede tratar con la autoridad en inglés, una ventaja real frente a otros mercados.
Preguntas frecuentes
¿Qué multa prevé Chipre por incumplir la EAA?
Hasta 10.000 € por la vía administrativa, 20.000 € si hay reincidencia y 500 € por cada día que se mantenga el incumplimiento (art. 36). Aparte, una condena penal puede suponer hasta dos años de prisión o 20.000 €, y hasta tres años o 30.000 € en una segunda condena (art. 38).
¿De verdad pueden multarme y procesarme por lo mismo?
Sí. El artículo 38 se aplica «con independencia de la imposición de una multa administrativa conforme al artículo 36», y su lista de delitos coincide en parte con las infracciones del artículo 35.
¿Tiene tope la multa diaria?
La ley no fija una cifra final. Puede llegar a 500 € por cada día que se mantenga el incumplimiento, es decir, unos 182.500 € en un año.
¿Quién vigila el cumplimiento?
El viceministro de Bienestar Social, como autoridad competente, junto con las autoridades de vigilancia de la accesibilidad que designa el Consejo de Ministros conforme al artículo 3.3.
¿Puedo presentar la documentación en inglés?
Sí. El artículo 27.2.b) permite a las autoridades exigir la traducción al griego o al inglés, o a ambos.
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Nota sobre las fuentes: todas las citas proceden del texto oficial griego de la Ley 57(I)/2024 (Επίσημη Εφημερίδα, Gaceta Oficial de la República de Chipre, n.º 4996, de 2 de mayo de 2024), con el que se han comprobado los artículos 3, 27, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Los artículos 36 y 38 se citan en griego, con nuestra traducción al español; las frases más breves son traducciones nuestras.



