Barrierefreiheitsgesetz (BaFG): Austria ha abierto 84 expedientes por la EAA y no ha impuesto ni una multa
La ley austriaca de accesibilidad, la Barrierefreiheitsgesetz (BaFG), prevé multas de hasta 80.000 € —50.000 € si se trata de una pyme—, repartidas en tres tramos según el tipo de incumplimiento. Pero Austria es el único país de la UE, que sepamos, cuyo organismo supervisor publica cuántos expedientes tramita, y las cifras dejan ver una política deliberada: primero asesorar y después sancionar.
Respuesta breve
La ley con la que Austria traspone la EAA es la Barrierefreiheitsgesetz (BaFG), BGBl. I Nr. 76/2023, aplicable desde el 28 de junio de 2025. Las multas administrativas no son una cifra única, sino un cuadro escalonado. El tramo más alto, para los incumplimientos principales —introducir en el mercado un producto que no cumple los requisitos u ofrecer un servicio que no los cumple—, llega a 80.000 € en las grandes empresas y a 50.000 € en las microempresas y pymes. Otros dos tramos más bajos cubren los fallos de documentación (40.000 € / 25.000 €) y los de conservación de documentos y colaboración con la autoridad (16.000 € / 10.000 €). Las impone directamente el organismo supervisor, el Sozialministeriumservice. En el primer año de la ley abrió 84 procedimientos y no impuso ninguna multa.
¿A quién afecta la Barrierefreiheitsgesetz? (Wer ist betroffen?)
La BaFG se aplica a determinados productos y servicios, los mismos que enumera la Ley Europea de Accesibilidad:
- Productos como ordenadores, móviles, lectores de libros electrónicos, terminales de autoservicio y terminales de pago introducidos en el mercado después del 28 de junio de 2025.
- Servicios prestados a consumidores, entre ellos el comercio electrónico, los servicios bancarios, las comunicaciones electrónicas, los libros electrónicos, el acceso a servicios de comunicación audiovisual y algunos elementos de los servicios de transporte de viajeros.
¿Quién tiene que cumplirla? (Wer muss das Barrierefreiheitsgesetz umsetzen?) Los fabricantes, importadores y distribuidores de los productos afectados y los prestadores de los servicios a consumidores incluidos en su ámbito de aplicación.
¿Quién está exento? Las microempresas que prestan servicios: Austria aplica la exención completa que permite la EAA (§ 6.1 BaFG). Lo explicamos en la última sección antes de las preguntas frecuentes.
¿Desde cuándo se aplica? (Ab wann gilt das Barrierefreiheitsgesetz?) Desde el 28 de junio de 2025, con normas transitorias para los servicios que usan productos anteriores y para los terminales de autoservicio (véase «El tope de 2040», más abajo).
¿Es obligatoria la accesibilidad web en Austria? (Barrierefreiheit Website Pflicht Österreich) Sí, para las empresas cuya web o app presta un servicio a consumidores incluido en la ley, como una tienda online: desde 2025 tiene que cumplir los requisitos de accesibilidad, lo que en la práctica significa la norma EN 301 549, que se basa en el nivel AA de las WCAG 2.1.
La multa depende de dos factores, y casi todas las cifras publicadas muestran solo uno
Prácticamente todas las tablas comparativas resumen Austria en «80.000 € para grandes empresas y 50.000 € para pymes», y ahí se quedan. Pero eso es solo la fila superior de un cuadro de seis casillas. Lo que se arriesga depende a la vez del tamaño de la empresa y del tipo de incumplimiento.
| Incumplimiento | Gran empresa | Microempresa / pyme |
|---|---|---|
| Introducir en el mercado o comercializar un producto que no cumple los requisitos; ofrecer o prestar un servicio que no los cumple (§ 36.1) | 80.000 € | 50.000 € |
| No disponer de evaluación de la conformidad, declaración UE de conformidad o documentación técnica; no facilitar la información sobre el servicio; marcado CE ausente o incorrecto; no adoptar medidas correctoras (§ 36.2) | 40.000 € | 25.000 € |
| No conservar la documentación durante cinco años; no informar a la autoridad; negarse a entregar documentos o a colaborar; no elaborar o no repetir la evaluación de carga desproporcionada (§ 36.3) | 16.000 € | 10.000 € |
Conviene fijarse en dónde está el umbral de las pymes. Austria sigue la definición de la EAA: pyme es la empresa con menos de 250 empleados y un volumen de negocios anual de hasta 50 millones de euros (o un balance de hasta 43 millones). Por eso, para la inmensa mayoría de las empresas que venden en Austria, el máximo aplicable es el de la columna de 50.000 €, no el de 80.000 €.
Qué dice la Barrierefreiheitsgesetz
Merece la pena leer despacio cómo está redactado el § 36.1, porque dos expresiones marcan la diferencia entre Austria y Luxemburgo:
«Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Sozialministeriumservice mit einer Geldstrafe bis zu 80 000 € zu bestrafen, wer 1. entgegen § 9 Abs. 1, § 11 Abs. 1 oder Abs. 3 erster Satz ein Produkt in Verkehr bringt; 2. entgegen § 12 Abs. 3 erster Satz ein Produkt auf dem Markt bereitstellt; 3. entgegen § 14 Abs. 1 eine Dienstleistung anbietet oder erbringt.»
(Traducción propia: «Comete una infracción administrativa y será sancionado por el Sozialministeriumservice con una multa de hasta 80.000 € quien: 1. introduzca en el mercado un producto en contra de lo dispuesto en el § 9.1, el § 11.1 o la primera frase del § 11.3; 2. comercialice un producto en contra de lo dispuesto en la primera frase del § 12.3; 3. ofrezca o preste un servicio en contra de lo dispuesto en el § 14.1».)
— BaFG, § 36.1 (RIS)
Vom Sozialministeriumservice: es el propio organismo supervisor quien multa, sin fiscal ni tribunal de por medio. Y ist… zu bestrafen, no kann bestraft werden: según la letra de la ley, la sanción es la consecuencia prevista, no una opción discrecional. En Luxemburgo, en cambio, el incumplimiento de accesibilidad es un delito y el organismo supervisor no puede multarlo en absoluto.
La rebaja por tamaño aparece en cada tramo como una frase propia:
«Wird die Verwaltungsübertretung von einem Kleinstunternehmen gemäß § 3 Z 19 oder von einem kleinen und mittleren Unternehmen gemäß § 3 Z 20 begangen, ist das Unternehmen mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 € zu bestrafen.»
(Traducción propia: «Si la infracción administrativa la comete una microempresa según el § 3, punto 19, o una pequeña o mediana empresa según el § 3, punto 20, la empresa será sancionada con una multa de hasta 50.000 €».)
— BaFG, § 36.1; la misma frase se repite en el § 36.2 con 25.000 € y en el § 36.3 con 10.000 €
Los criterios para fijar la cuantía se parecen a los de Irlanda y Polonia:
«Bei der Bemessung der Geldstrafen ist der Umfang des Verstoßes, insbesondere die Zahl der betroffenen Produkte bzw. Dienstleistungen, sowie die Zahl der betroffenen Personen und der Umstand, ob es sich um einen wiederholten Verstoß handelt, zu berücksichtigen.»
(Traducción propia: «Para fijar la cuantía de las multas se tendrán en cuenta el alcance de la infracción —en particular, el número de productos o servicios afectados—, el número de personas afectadas y si se trata de una infracción reiterada».)
— BaFG, § 36.4
Y, como en Polonia, lo recaudado tiene un destino fijado en lugar de ir a la caja común:
«Die nach diesem Bundesgesetz durch das Sozialministeriumservice verhängten Geldstrafen fallen dem Bund zu. Sie fließen dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderungen für die Förderung von Teilhabeprojekten gemäß § 33 des Bundesbehindertengesetzes, BGBl. Nr. 283/1990, zu.»
(Traducción propia: «Las multas impuestas por el Sozialministeriumservice con arreglo a esta ley federal corresponden a la Federación. Se destinan al Fondo de Apoyo a las Personas con Discapacidad para financiar proyectos de participación según el § 33 de la Ley Federal de Discapacidad, BGBl. n.º 283/1990».)
— BaFG, § 36.5
Hay una excepción: según el § 36.6, los tres tramos de sanciones no se aplican a los procedimientos de adjudicación regidos por la Ley Federal de Contratación Pública de 2018 (Bundesvergabegesetz 2018) ni por la Ley Federal de Contratos de Concesión de 2018 (Bundesvergabegesetz Konzessionen 2018).
Respuesta en ocho semanas: lo más singular de la ley austriaca
En la mayoría de los Estados miembros, el consumidor puede presentar una queja y ahí acaba todo. Austria obliga por ley a contestarla. El § 35 reconoce a una lista concreta de personas y entidades el derecho a comunicar un posible incumplimiento, y les garantiza una respuesta en un plazo determinado:
«(1) Verbraucher und Verbraucherinnen haben das Recht, sich an das Sozialministeriumservice zu wenden, um auf mögliche Übertretungen gegen dieses Bundesgesetz hinzuweisen. (2) Das Recht nach Abs. 1 kommt auch dem Verein für Konsumenteninformation, dem Österreichischen Behindertenrat, der Bundesarbeitskammer und der Wirtschaftskammer Österreich zu. (3) Das Sozialministeriumservice hat den Hinweis zu prüfen und den Verbraucher oder die Verbraucherin gemäß Abs. 1 oder die Organisation gemäß Abs. 2 innerhalb von acht Wochen schriftlich, in einem barrierefreien Format, zu informieren, ob ein Verfahren gemäß dem 6. Abschnitt dieses Bundesgesetzes durchgeführt wird oder von einem Verfahren abgesehen wird. Wird kein Verfahren eingeleitet, sind in dem Informationsschreiben die Gründe dafür anzugeben.»
(Traducción propia: «1. Los consumidores tienen derecho a dirigirse al Sozialministeriumservice para señalar posibles infracciones de esta ley federal. 2. El derecho del apartado 1 corresponde también a la Asociación para la Información al Consumidor, al Consejo Austriaco de la Discapacidad, a la Cámara Federal del Trabajo y a la Cámara de Comercio de Austria. 3. El Sozialministeriumservice examinará la comunicación e informará al consumidor o a la organización, en el plazo de ocho semanas, por escrito y en un formato accesible, de si se tramitará un procedimiento según la sección 6 de esta ley o si se descarta. Si no se abre procedimiento, el escrito deberá indicar los motivos».)
— BaFG, § 35.1 a 35.3
Hay dos aspectos llamativos. Por un lado, la autoridad tiene que explicar por escrito por qué no actúa, de modo que sus decisiones de no intervenir quedan a la vista y pueden recurrirse, algo que casi ningún otro país consigue. Por otro, la lista del apartado 2 incluye a la Wirtschaftskammer Österreich (Cámara de Comercio de Austria), que representa a las empresas: en Austria, una entidad que representa a la competencia tiene reconocido por ley el derecho a denunciar a una empresa ante la autoridad. Es una versión suave de lo que ocurre en Alemania con la Abmahnung (requerimiento previo entre competidores), solo que canalizada a través de la autoridad y no de un despacho de abogados.
El § 35.4 excluye todo esto en los procedimientos de contratación pública.
Quién vigila el cumplimiento
El Sozialministeriumservice, en concreto su Landesstelle Oberösterreich (delegación de Alta Austria), que desde Linz se encarga de la vigilancia del mercado de la BaFG en todo el país. Una sola autoridad nacional y un solo buzón (marktueberwachung-bafg@sozialministeriumservice.gv.at): Austria está, con Italia y Luxemburgo, en el grupo de países con un único organismo supervisor, frente a los seis de los Países Bajos o los diecinueve de España.
Según su propia descripción, sus medidas van de menos a más: desde ordenar «zweckdienliche, geeignete und angemessene Maßnahmen» (medidas útiles, adecuadas y proporcionadas) que deben aplicarse en un plazo razonable hasta, «je nach Schwere des Verstoßes» (según la gravedad de la infracción), retirar productos del mercado o prohibir servicios sin más. Sus resoluciones pueden impugnarse ante el Bundesverwaltungsgericht, el Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo (§ 31). Las sentencias de ese tribunal deben notificarse también al ministro de Asuntos Sociales, que puede llevarlas ante el Verwaltungsgerichtshof, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, por motivos de ilegalidad (la llamada Amtsrevision, § 32).
¿Se ha aplicado ya? Austria es el único país que lo dice
Sí, y aquí está lo interesante, porque Austria es el único Estado miembro que hemos encontrado que publica sus expedientes de la EAA. Balance del primer año:
| Número | |
|---|---|
| Procedimientos abiertos desde junio de 2025 | 84 |
| — de ellos, abiertos de oficio por la autoridad | 36 |
| Comunicaciones del público examinadas | 48 |
| Notificaciones de empresas sobre incumplimientos detectados por ellas mismas (contabilizadas aparte de los 84) | 53 |
| Procedimientos todavía en curso | 74 |
| Multas administrativas impuestas | 0 |
Cifras: Ministerio de Asuntos Sociales (Sozialministerium), según las publicó el Consejo Austriaco de la Discapacidad (Österreichischer Behindertenrat) el 24 de junio de 2026 (behindertenrat.at).
El criterio declarado es «Beraten vor Strafen», es decir, asesorar antes de sancionar. Pero la frase que conviene retener es la valoración que hace de esas mismas cifras el Österreichischer Behindertenrat (Consejo Austriaco de la Discapacidad): «Dass bisher keine Verwaltungsstrafen verhängt wurden, bedeutet nicht, dass keine Verstöße vorliegen», es decir, que no se hayan impuesto multas no significa que no haya incumplimientos. Setenta y cuatro de esos expedientes siguen abiertos.
Caben dos lecturas, y las dos son ciertas. La autoridad austriaca es de las más activas de la UE. Y, por ahora, ha decidido no traducir esa actividad en sanciones.
La cifra de 53 merece un comentario aparte. Según el § 9.8 y el § 14.4, el agente económico que detecte que incumple debe comunicarlo al Sozialministeriumservice. El Consejo de la Discapacidad informa de 53 notificaciones de este tipo, la mayoría de la banca, las finanzas y los seguros. Es una obligación que se pasa por alto con facilidad, y corregir el problema en silencio, sin avisar a la autoridad, es en sí mismo una infracción del § 36.3.
El tope de 2040
Las normas transitorias austriacas son las habituales de la EAA, con una diferencia práctica. Los servicios pueden seguir usando hasta el 28 de junio de 2030 los productos que ya usaban legalmente antes del 28 de junio de 2025, y los contratos anteriores siguen vigentes hasta su vencimiento, con un máximo de cinco años (§ 37.2). Los terminales de autoservicio que ya se usaban legalmente antes de la ley pueden agotar su vida útil económica, hasta 20 años desde su puesta en servicio, pero «längstens bis 28. Juni 2040», es decir, como muy tarde hasta el 28 de junio de 2040 (§ 37.3).
Ese límite cuenta al comparar mercados. Luxemburgo solo limita los terminales por antigüedad (20 años desde su puesta en servicio), sin fecha fija, así que un terminal instalado allí a principios de 2025 puede seguir funcionando hasta mediados de la década de 2040. Austria, en cambio, pone una fecha final.
Qué supone para su empresa
Hay que leer el cuadro completo, no solo el titular. Para una pyme —y la mayoría de las empresas lo son—, el peor escenario realista son 50.000 €, y lo más probable es caer en el tramo de 16.000 € / 10.000 €, porque es ahí donde están los fallos más fáciles de cometer: no conservar la documentación cinco años, no contestar a la autoridad o no presentar la evaluación de carga desproporcionada cuando se pide. Son cuestiones de orden administrativo, no de ingeniería.
Tres recomendaciones específicas para Austria:
- Conteste al Sozialministeriumservice. Negarse a entregar documentos o a colaborar es una infracción en sí, y con el criterio de «asesorar antes de sancionar», colaborar es lo que mantiene a una empresa entre los 84 expedientes sin multa.
- Comunique los incumplimientos que detecte usted mismo. La obligación existe, y 53 empresas ya la han cumplido.
- Si es una microempresa que presta servicios, revise primero el § 6.1. Austria aplica la exención completa de la EAA, así que puede que los requisitos ni siquiera le afecten.
Preguntas frecuentes
¿Qué multa prevé Austria por incumplir la EAA?
Hasta 80.000 € para las grandes empresas y 50.000 € para las microempresas y pymes en los incumplimientos principales (§ 36.1); 40.000 € / 25.000 € por fallos de documentación y de marcado CE (§ 36.2), y 16.000 € / 10.000 € por no conservar documentos o no colaborar (§ 36.3).
¿Quién impone la multa?
El propio Sozialministeriumservice: el § 36 establece que el infractor ist vom Sozialministeriumservice… zu bestrafen. A diferencia de Luxemburgo, no hace falta pasar por un tribunal. Las resoluciones pueden recurrirse ante el Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo (Bundesverwaltungsgericht).
¿Se ha impuesto ya alguna multa en Austria?
No. En el primer año, la autoridad abrió 84 procedimientos, pero no impuso ninguna multa administrativa. Setenta y cuatro siguen abiertos.
¿Se aplica a mi empresa el máximo de 80.000 €?
Solo si es una gran empresa. Para una pyme —menos de 250 empleados y un volumen de negocios de hasta 50 millones de euros (o un balance de hasta 43 millones)—, el máximo es de 50.000 €.
¿Puede denunciarme la competencia?
Indirectamente, sí. El § 35.2 reconoce a la Cámara de Comercio de Austria —junto con el Consejo de la Discapacidad, la Cámara del Trabajo y la asociación de consumidores— el derecho a comunicar posibles incumplimientos, y la autoridad tiene que responder por escrito en un plazo de ocho semanas.
¿Dónde puedo leer la Barrierefreiheitsgesetz?
El texto oficial está en el sistema de información jurídica de Austria (RIS): BGBl. I Nr. 76/2023. Solo se publica en alemán.
Häufige Fragen zum Barrierefreiheitsgesetz
Was ist das Barrierefreiheitsgesetz (BaFG)?
Das Barrierefreiheitsgesetz setzt den European Accessibility Act in Österreich um. Es legt Barrierefreiheitsanforderungen für bestimmte Produkte und Dienstleistungen fest, zum Beispiel für den Online-Handel.
Ab wann gilt das Barrierefreiheitsgesetz?
Seit dem 28. Juni 2025, mit Übergangsfristen bis 2030 und für Selbstbedienungsterminals bis spätestens 2040.
Wer muss das Barrierefreiheitsgesetz umsetzen?
Hersteller, Importeure und Händler betroffener Produkte sowie Anbieter betroffener Dienstleistungen für Verbraucher. Kleinstunternehmen, die Dienstleistungen erbringen, sind ausgenommen.
Ist Barrierefreiheit für Websites in Österreich Pflicht?
Ja, wenn die Website oder App eine betroffene Dienstleistung für Verbraucher erbringt, etwa einen Online-Shop.
Welche Strafen sieht das Barrierefreiheitsgesetz vor?
Bis zu 80.000 Euro für große Unternehmen und bis zu 50.000 Euro für KMU bei schweren Verstößen, mit niedrigeren Stufen für Dokumentations- und Mitwirkungspflichten (§ 36 BaFG).
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