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Compliance

Multas de la EAA en Malta: aún sin importe, solo órdenes correctoras

Malta aún no fija multas por la EAA; las de 1.000 a 50.000 € no tienen base.

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Alen Velkov

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Malta - EAA Fines

La multa maltesa de la EAA todavía no existe: hemos seguido el rastro hasta donde se pierde

En Hungría parece que falta la sanción, pero tres documentos después aparece un tope de nueve cifras en forintos. En Malta parece lo mismo, pero el camino no lleva a ninguna parte: el reglamento remite a una ley, la ley remite a un reglamento ministerial y ese reglamento todavía no se ha aprobado. Más de un año después de la entrada en vigor de la norma, la página oficial del Gobierno maltés sobre la EAA no dice ni una palabra de sanciones.

Respuesta breve

Malta transpuso la EAA mediante las Accessibility Measures (European Accessibility Act) Regulations (reglamento sobre medidas de accesibilidad), legislación derivada 627.03 aprobada por el Legal Notice 214 de 2022 al amparo de la ley que incorpora la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Cap. 627). Está en vigor desde el 28 de junio de 2025, y desde el 28 de junio de 2027 en lo relativo al número de emergencia 112. El artículo 27 (regulation 27, sanciones) no fija ningún importe. Remite al artículo 32 de la Equal Opportunities (Persons with Disability) Act (Cap. 413, ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad), cuyas multas administrativas dependen a su vez del artículo 32C, que se limita a facultar al ministro para fijarlas por reglamento. Ese reglamento no se ha localizado y todo indica que no se ha aprobado. El organismo supervisor es la CRPD, una comisión de derechos de las personas con discapacidad, no una autoridad de mercado.


Tres saltos hacia ninguna parte

La cadena es corta y cada eslabón se puede comprobar:

PasoNormaQué dice sobre la multa
1S.L. 627.03, art. 27: la disposición sobre sancionesNinguna cifra; remite al art. 32 del Cap. 413
2Cap. 413, arts. 32 y 32CEl art. 32 prevé multas administrativas «in accordance with the provisions of this Act» (con arreglo a lo dispuesto en esta ley); el art. 32C faculta al ministro para fijarlas por reglamento. Sigue sin haber cifra
3El reglamento ministerialNo se ha encontrado, ni aparece en ningún índice publicado

Compárese con Hungría, el otro país que todo el mundo incluye en el grupo de «la multa no está en la ley de accesibilidad». En Hungría, la cadena va de la ley de accesibilidad a un decreto del Gobierno y de ahí a la ley de vigilancia del mercado, y acaba en 650 millones de forintos. En Malta va del reglamento a la ley, y de la ley a la nada.

Lo volvimos a comprobar en agosto de 2026, más de un año después de que empezaran a aplicarse las obligaciones, y nada ha cambiado. La página del Gobierno maltés sobre la Ley Europea de Accesibilidad identifica a la CRPD como autoridad de vigilancia del mercado y explica los objetivos de la ley y las guías para usuarios que se van a publicar, pero no menciona en ningún momento sanciones ni multas. La página de legislación de la CRPD tampoco recoge ninguna norma que fije multas. Si un Gobierno que explica su propia ley de accesibilidad a las empresas no dice qué ocurre si se incumple, lo más probable es que todavía no haya nada que decir.

Las cifras que circulan no tienen fuente

Las páginas de proveedores de soluciones de cumplimiento atribuyen a Malta multas de 1.000 a 50.000 €, de 1.000 a 20.000 € o de 5.000 a 15.000 €. Ninguna cita una norma, porque no hay norma que citar.

No podemos demostrar de dónde salen esas horquillas, pero hay un patrón llamativo: se parecen mucho a las cifras reales de Chipre, es decir, la multa administrativa de 10.000 € y los tramos penales de 20.000 y 30.000 € de la Ley 57(I)/2024. Dos pequeños Estados insulares, ambos con un organismo de defensa de derechos en el sistema de control: todo apunta a que unas cifras chipriotas acabaron en la fila de Malta de alguna tabla comparativa y de ahí se fueron copiando. Sería el mismo tipo de error que los 900.000 € de los Países Bajos o los 50.000 € de Francia, con la diferencia de que esta vez la cifra se ha tomado prestada de otro país, no de otra ley.

Los 5.000 € que sí existen, pero no son una multa

En el marco maltés hay una cifra real en euros, y es fácil confundirla con un tope.

Las reclamaciones de indemnización basadas en la Convención de más de 5.000 € se presentan ante la First Hall of the Civil Court (Sala Primera del Tribunal Civil). Las de importe igual o inferior van al UNCRPD Redress Panel (comisión de reparación prevista para los derechos de la Convención), una comisión de tres miembros entre los que figuran personas con discapacidad o con experiencia directa de la discapacidad.

Es una regla de competencia, no una sanción: indica qué órgano conoce de la reclamación, no cuánto cuesta incumplir. Si en una tabla de multas aparecen 5.000 € junto a Malta, casi seguro que vienen de aquí y se han interpretado mal.

El mecanismo de control existe; solo falta la cifra

Este matiz evita que Malta sea un régimen vacío. El artículo 32A del Cap. 413 establece una estructura de control que funciona aunque no se haya aprobado ningún baremo de multas:

Investigations Unit (unidad de investigación) → Enforcement Unit (unidad de ejecución), que actúa con la autorización de la Investigations Unit y puede imponer multas administrativas y ordenar el cese de la infracción, incluidas medidas provisionales urgentes (arts. 32.4 y 32A). Las decisiones de la Investigations Unit pueden recurrirse ante el Administrative Review Tribunal (tribunal de revisión administrativa) en un plazo de 20 días desde su notificación (arts. 32D y 32E).

Es decir, la CRPD puede investigar, elevar el asunto y conseguir una orden vinculante que obligue a la empresa a hacer accesible el servicio. Lo que no puede hacer, por ahora, es acompañar esa orden de un importe fijado por ley. En la práctica, lo que una empresa arriesga en Malta es una orden de corrección y un procedimiento ante el tribunal, algo parecido a lo que ocurre con los productos en Grecia, donde las restricciones y las órdenes cumplen la función que en otros países cumplen las multas.

Una comisión de derechos, no un supervisor de mercado

La CRPD (Commission for the Rights of Persons with Disability, Comisión para los Derechos de las Personas con Discapacidad) es la única autoridad de vigilancia del mercado para productos, servicios y entorno construido, según el art. 22.1.v del Cap. 413. Se apoya en memorandos de entendimiento, no en un reparto de competencias:

OrganismoFunción
CRPDÚnica autoridad de vigilancia del mercado
MCCAA (Malta Competition and Consumer Affairs Authority, autoridad de competencia y consumo)Asiste en cuestiones técnicas como el marcado CE y la retirada de productos
MCA (Malta Communications Authority, autoridad de comunicaciones)Asesora en materia de telecomunicaciones; no es un supervisor independiente de la EAA

Malta se suma así a Chipre, que encarga el control al viceministro de Bienestar Social, en el grupo de países que tratan la accesibilidad como una cuestión de derechos de las personas con discapacidad gestionada por un organismo de derechos, y no como una cuestión de conformidad de productos gestionada por una inspección. Es una opción coherente, y marca cómo será probablemente el control: investigación, conciliación y órdenes de corrección, más que multas de vigilancia del mercado.

Cabe la vía privada

El artículo 26 legitima para iniciar procedimientos de reparación no solo al consumidor afectado, sino también a organismos públicos, asociaciones privadas y organizaciones con un interés legítimo que actúen en su nombre, con arreglo al art. 3 del Cap. 627.

En un país donde la multa administrativa no tiene importe fijado, esta vía cobra más peso del habitual. Es el mismo patrón que la acción colectiva del art. 25A en Grecia o las acciones de interés público en Hungría: cuando el supervisor no dispone de la palanca económica, lo que queda es la vía judicial.

Fechas

Las obligaciones generales se aplican desde el 28 de junio de 2025, y las relativas al número de emergencia 112, solo desde el 28 de junio de 2027 (art. 4.8), una opción que permite la Directiva y que han adoptado varios Estados miembros.

Los periodos transitorios siguen la pauta común de la UE: los contratos de servicios anteriores a 2025 pueden mantenerse hasta cinco años después del 28 de junio de 2025; los productos no conformes pueden seguir usándose para prestar servicios hasta el 28 de junio de 2030, y los terminales de autoservicio pueden seguir funcionando hasta el final de su vida económica o hasta 20 años desde su puesta en servicio.

¿Se ha impuesto ya alguna sanción?

No. Y en Malta la respuesta tiene casi una explicación estructural: sin multa fijada, el resultado de una actuación sería una orden de corrección de la Enforcement Unit de la CRPD y no una sanción, y esas órdenes no se publican de forma sistemática.

Qué significa para su empresa

  1. No anote ninguna cifra de multa para Malta, porque no existe. Si el registro de riesgos de su empresa recoge de 1.000 a 50.000 € para Malta, contiene un número sin base en el Derecho maltés.
  2. Prepárese, en cambio, para una orden de corrección. La CRPD puede investigar una reclamación, trasladarla a su Enforcement Unit y conseguir que esta le ordene hacer accesible el servicio, con solo 20 días para recurrir ante el Administrative Review Tribunal. Esa orden es vinculante tanto si llega a aprobarse un baremo de multas como si no.
  3. Trátelo como un asunto pendiente de seguimiento, no como algo cerrado. El artículo 32C existe precisamente para que el ministro pueda fijar multas por reglamento, y eso puede suceder en cualquier momento, sin pasar por el Parlamento y casi sin previo aviso. Malta podría pasar de no tener régimen sancionador a tener un baremo completo con un solo Legal Notice.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la multa de la EAA en Malta?

No hay ningún importe fijado. El artículo 27 remite al art. 32 del Cap. 413, y las multas administrativas que allí se prevén dependen del art. 32C, que solo faculta al ministro para fijarlas por reglamento; todo indica que ese reglamento no se ha aprobado.

Pero he visto cifras de 1.000 a 50.000 €.

No tienen base legal. Las horquillas que circulan se parecen mucho a las cifras reales de Chipre y todo indica que han pasado de un país a otro en las tablas comparativas.

¿No son 5.000 € la multa maltesa?

No. Los 5.000 € son el umbral que decide si una reclamación va al UNCRPD Redress Panel o a la First Hall of the Civil Court. Es una regla de competencia, no una sanción.

Entonces, ¿no me puede pasar nada?

No es así. La CRPD puede investigar y su Enforcement Unit puede ordenar el cese de la infracción en virtud de los arts. 32 y 32A del Cap. 413; las decisiones de la Investigations Unit pueden recurrirse ante el Administrative Review Tribunal en un plazo de 20 días (arts. 32D y 32E).

¿Quién vigila el cumplimiento?

La CRPD, la Comisión para los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el apoyo de la MCCAA en cuestiones técnicas y de la MCA en telecomunicaciones, mediante memorandos de entendimiento.


Artículos relacionados

Nota sobre las fuentes: hemos seguido la triple remisión a través del reglamento de la EAA, sus notas explicativas oficiales y el Cap. 413, y en agosto de 2026 volvimos a comprobar la situación en la página del Gobierno maltés sobre la EAA y en la lista de legislación publicada por la CRPD; ninguna menciona sanciones ni remite a un Legal Notice que fije multas. Hemos leído directamente en legislation.mt los arts. 32, 32A y 32C del Cap. 413.

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