Skip to main contentOpen accessibility widget
Compliance

Multas de la EAA en Grecia: aún sin multa para productos, solo incautación y veto

Grecia aún no multa los productos que incumplen la EAA: solo incauta y prohíbe.

Author avatar

Alen Velkov

Author

Greece - EAA Fines

Grecia todavía no puede multar por un producto inaccesible: solo puede impedir que se venda

Grecia suele aparecer en la lista de países «sin multa fija». Es cierto, pero se pierde lo más útil: para los productos no hay en vigor ninguna sanción económica. Todo lo que tiene a mano es una recomendación, una incautación y una prohibición de venta. Y cuando Grecia reformó la ley en julio de 2025, no fue para fijar una cifra, sino para que las organizaciones de personas con discapacidad pudieran acudir a los tribunales.

Respuesta breve

La ley con la que Grecia transpone la EAA (Ν. 4994/2022, ΦΕΚ Α' 215) solo dice que las sanciones se imponen «με βάση την αρχή της αναλογικότητας», es decir, según el principio de proporcionalidad. Sin mínimo, sin máximo y sin fórmula. Para los productos, el artículo 26.3 enumera tres medidas y ninguna es una multa: una recomendación de corrección, la incautación temporal y la prohibición de comercializarlos. La cuantía de las multas para productos se dejó en manos de un decreto presidencial (art. 27.2) que no se ha dictado. Para los servicios, las sanciones económicas salen de la ley sectorial que ya se aplique en cada caso: en telecomunicaciones, a través de la EETT (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Correos), y en medios audiovisuales, a través del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ΕΣΡ). En julio de 2025, una reforma abrió a las asociaciones de personas con discapacidad la vía de la acción colectiva.


La cláusula de proporcionalidad y lo que hay detrás

Toda la base del régimen sancionador está en el artículo 26.1:

«Στους παραβάτες του παρόντος, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, με βάση την αρχή της αναλογικότητας.»

(Traducción propia: «A quienes infrinjan la presente ley se les impondrán sanciones administrativas con arreglo al principio de proporcionalidad».)

— Ν. 4994/2022, art. 26.1 (Εθνικό Τυπογραφείο)

Es todo lo que dice la ley sobre la cuantía. El artículo no fija ningún máximo ni remite a ninguno. Cualquier cifra que se presente como «la multa griega por la EAA» no tiene base en este texto.

El artículo 26.2, en la redacción que le dio la reforma de 2025, indica al menos qué se tiene en cuenta: el alcance del incumplimiento, el papel del agente económico y el tamaño de la empresa, las circunstancias de la infracción, lo constatado y sus consecuencias, las medidas correctoras adoptadas y el grado de colaboración con los equipos de inspección. Criterios, no importes.

Para los productos, todavía no hay multa

Esto es lo que merece destacarse, y no equivale a «sin cifra fija». Ante un producto que no cumple los requisitos, el artículo 26.3 pone tres medidas en manos de la autoridad de vigilancia del mercado:

  • una recomendación para que se corrija;
  • la incautación o inmovilización temporal del producto;
  • la prohibición de que circule y se comercialice.

No hay ninguna sanción económica. La ley sí prevé que la haya: según el artículo 27.2, un decreto presidencial, a propuesta de los ministros competentes, determinará para los productos los supuestos en que se imponen sanciones, la cuantía de las multas administrativas por cada infracción, el procedimiento y los órganos que las imponen y la forma de cobrarlas. No hemos encontrado ese decreto en el Diario Oficial (Εφημερίς της Κυβερνήσεως). Mientras no se dicte, para un fabricante, un importador o un distribuidor la consecuencia del incumplimiento en Grecia no es una multa, sino quedarse fuera del mercado. Por ahora, en materia de productos, Grecia apuesta por restringir la venta y no por castigar.

Eso también significa que, a la pregunta «¿cuál es la multa por un producto no conforme en Grecia?», la respuesta honesta es: por ahora, ninguna. Una afirmación más contundente y más fácil de comprobar que «sin cifra fija», aunque conviene estar atento al decreto del artículo 27.2, que la cambiaría.

Según el artículo 19.2, la vigilancia de los productos se reparte entre cuatro autoridades:

ProductosAutoridad
Hardware en general, lectores de libros electrónicos, terminales de pago, cajeros automáticosDirección de Seguridad y Conformidad de los Productos Industriales (Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων), Ministerio de Desarrollo
Equipos terminales de consumo para comunicaciones electrónicasEETT
Máquinas de venta de billetes, de facturación y puntos de informaciónSecretaría General de Transportes, junto con la Dirección de Productos Industriales
Equipos terminales para acceder a medios audiovisualesConsejo Nacional de Radio y Televisión, junto con la misma Dirección

Los equipos de inspección (κλιμάκια ελέγχου) se forman según una planificación anual y también a raíz de reclamaciones (art. 19.3).

Para los servicios, la multa es la de telecomunicaciones o la audiovisual

Cuando hay dinero de por medio, procede de fuera de la ley de accesibilidad. El artículo 26 remite al régimen sectorial que ya regula cada servicio:

SectorAutoridadLey sancionadora
Comunicaciones electrónicasEETTΝ. 4727/2020
Servicios de comunicación audiovisualConsejo Nacional de Radio y TelevisiónΝ. 4779/2021, art. 36.3, o Ν. 2328/1995, art. 4
Obligaciones relativas al entorno construido—Normativa vigente de urbanismo y de accesibilidad de las zonas portuarias

Esos regímenes tienen sus propios baremos, pensados para las infracciones en telecomunicaciones y radiodifusión en general, no para la accesibilidad. Así que, si se cita una cifra en euros para Grecia, lo más probable es que sea una sanción general de la EETT o del sector audiovisual presentada como si fuera una sanción única de accesibilidad: el mismo error que atribuir al régimen francés de la EAA los 50.000 € de Arcom, o aplicar a la accesibilidad la sexta categoría de multas neerlandesa.

No hemos podido determinar cómo sería en la práctica una multa específica por accesibilidad en ninguno de los dos regímenes sectoriales, y preferimos decirlo antes que publicar una cifra. Además, el artículo 26.7 excluye expresamente la contratación pública de todo el artículo 26.

La reforma de julio de 2025: ninguna cifra, pero sí los tribunales

Poco más de dos semanas después de que la EAA empezara a aplicarse, Grecia reformó la ley mediante los artículos 67 a 69 de la Ν. 5218/2025 (ΦΕΚ Α' 125, 14 de julio de 2025), incluidos, curiosamente, en una ley dedicada sobre todo a la formación del personal de contratación pública.

La reforma no añadió ninguna cifra. El artículo 69 solo modificó la lista de criterios del artículo 26.2 e introdujo un recurso de 30 días ante el superior jerárquico del órgano sancionador. Los artículos 26.1 y 26.3 —la cláusula de proporcionalidad y las medidas no económicas para los productos— quedaron exactamente igual. Grecia revisó su régimen sancionador una vez vencido el plazo y decidió no incluir ninguna cifra.

Lo que sí añadió fue el artículo 25A, sobre la acción colectiva. Las asociaciones que representan a personas con discapacidad (según el art. 61 del Código Civil) y los organismos públicos encargados de defender sus intereses colectivos pueden acudir a los tribunales para pedir:

  • una orden de cesación de la conducta que incumple la ley, y
  • medidas cautelares.
Artículo 25A
Quién puede demandarAsociaciones de personas con discapacidad (art. 61 del Código Civil) y organismos públicos que defienden los intereses colectivos de las personas con discapacidad
Qué pueden pedirÓrdenes de cesación y medidas cautelares
Plazo18 meses desde que se tiene conocimiento de la infracción, y como máximo 3 años desde la última vez que se cometió
TribunalTribunal colegiado de primera instancia (Πολυμελές Πρωτοδικείο) del domicilio o la sede del demandado (competencia exclusiva)
EjecuciónCabe la ejecución provisional

Este último detalle es importante: con la ejecución provisional, la orden puede surtir efecto antes de que se agoten los recursos. La aplicación de la ley en Grecia va, por tanto, en la misma dirección que en Francia: no son las autoridades las que multan, sino asociaciones organizadas de personas con discapacidad las que obtienen resoluciones judiciales. La resolución de Caen de junio de 2026 muestra adónde lleva eso.

Una norma sobre precios que no hemos visto en otros países

El artículo 24 prohíbe aplicar precios discriminatorios o selectivos a los consumidores cuyo acceso mejora gracias a las medidas de accesibilidad. Dicho de otro modo: la vía accesible no puede ser la más cara.

No hemos encontrado nada equivalente en ninguna de las otras 26 transposiciones. La norma cubre un hueco que la propia Directiva deja abierto, y conviene tenerla presente si el canal accesible tiene comisiones, recargos o gamas de producto distintos de los del canal habitual.

Dos fechas y una exención

Las obligaciones relativas al número de emergencias 112 no se aplican hasta el 28 de junio de 2027 (art. 3.3), dos años después que el resto, una posibilidad que permite la Directiva y que han aprovechado varios Estados miembros.

Los periodos transitorios son los habituales (art. 28): los contratos de servicios ya firmados siguen vigentes hasta su vencimiento, con un máximo de cinco años desde el 28 de junio de 2025, y los terminales de autoservicio que ya se usaban legalmente antes de esa fecha pueden seguir funcionando hasta 20 años desde su primera utilización.

Las microempresas que prestan servicios están totalmente exentas (art. 5.4), tanto de los requisitos de las secciones III y IV como de la obligación de demostrar que los cumplen: es la exención completa que permite la Directiva.

Por otra parte, el artículo 25 incorpora directamente los requisitos de accesibilidad del anexo I a la legislación griega de contratación pública (Ν. 4412/2016) como especificaciones técnicas obligatorias, una integración en la contratación más explícita que en la mayoría de las transposiciones.

¿Se ha aplicado ya?

No consta nada. Ni sanciones en virtud del artículo 26 ni acciones colectivas al amparo del nuevo artículo 25A, que existe solo desde julio de 2025 y da un plazo de 18 meses para demandar, así que tampoco cabía esperar todavía los primeros casos.

Qué supone para su empresa

Si vende productos en Grecia, no busque la multa: todavía no existe. Lo que hay que valorar es el riesgo real: incautación y prohibición de venta, decididas por una de las cuatro autoridades, con equipos de inspección que actúan tanto según un plan anual como a raíz de reclamaciones.

Si presta servicios, el riesgo depende del regulador sectorial que corresponda, y la sanción será la general de telecomunicaciones o del sector audiovisual, no una específica de accesibilidad. Antes de intentar calcular nada, hay que saber qué régimen se aplica.

Y no pierda de vista el artículo 25A. Lo más probable es que el primer caso griego de accesibilidad no lo abra una autoridad, sino una asociación de personas con discapacidad que pida una orden de cesación con ejecución provisional, y la defensa habitual —cumplir la norma EN 301 549 y el nivel AA de las WCAG 2.1, y documentarlo— es lo que dificulta ese tipo de demanda.

Una comprobación propia de Grecia: si el canal accesible tiene un precio distinto del canal habitual, el artículo 24 lo prohíbe.

Preguntas frecuentes

¿Qué multa prevé Grecia por incumplir la EAA?

La ley no fija ninguna. El artículo 26.1 solo exige que las sanciones respeten el principio de proporcionalidad. Para los productos, la cuantía de las multas se dejó en manos de un decreto presidencial previsto en el artículo 27.2 que no se ha dictado, así que todavía no se aplica ninguna sanción económica; para los servicios, la cuantía la determina la legislación sectorial aplicable.

¿Qué pasa con un producto que no cumple los requisitos?

Según el artículo 26.3: una recomendación de corrección, la incautación o inmovilización temporal y la prohibición de que circule y se comercialice.

¿Quién vigila el cumplimiento?

Cuatro autoridades de vigilancia de productos, según el artículo 19.2, además de la EETT para los servicios de comunicaciones electrónicas y el Consejo Nacional de Radio y Televisión para los medios audiovisuales.

¿La reforma de 2025 introdujo una multa?

No. La Ν. 5218/2025 añadió una cláusula de libre circulación, un derecho de acción colectiva y un recurso de 30 días, y dio nueva redacción a los criterios de sanción. La cláusula de proporcionalidad y las medidas para los productos quedaron intactas.

¿Pueden demandarme las organizaciones de personas con discapacidad?

Sí, desde julio de 2025. El artículo 25A permite a las asociaciones que representan a personas con discapacidad pedir órdenes de cesación y medidas cautelares, con posibilidad de ejecución provisional, en un plazo de 18 meses desde que tienen conocimiento de la infracción.

Share this post

You might also like

Two more articles worth reading while this topic is still fresh.

Sweden - EAA fines

Multas de la EAA en Suecia: hasta 10 millones de coronas, más el vite

Suecia: de 10.000 a 10 millones de coronas, más el vite, según la propia ley

Spain - EAA fines

Ley Europea de Accesibilidad en España: multas de hasta 1.000.000 €

En España no hay una multa única por la EAA: depende del sector y la comunidad.