La multa máxima por la EAA en Portugal es de 44.891,81 €, una cifra heredada de 1982
La ley portuguesa de accesibilidad no fija un máximo propio: lo toma prestado de la ley general de infracciones administrativas de 1982, y por eso es una cifra tan curiosamente exacta, fruto de una conversión de escudos. Pero lo preocupante no es la multa: toda condena se publica en dos periódicos nacionales, y la factura la paga el infractor.
Respuesta breve
La ley con la que Portugal traspone la EAA (Decreto-Lei n.º 82/2022) califica cada infracción como grave o muito grave (muy grave) y asigna a cada categoría una horquilla. Para una empresa: de 12.000 a 24.000 € por una infracción grave y de 24.000 € hasta el máximo general del RGCO por una muy grave, es decir, 44.891,81 €, uno de los máximos más bajos de la Unión. Para una persona física, las horquillas son de 650 a 1.500 € y de 2.000 a 3.740,98 €. La vigilancia se reparte entre diez autoridades. Y, según el art. 29.9, toda resolución condenatoria se publica siempre, a costa del infractor, en dos periódicos de ámbito nacional.
Un máximo que nunca se pensó para la accesibilidad
Portugal tomó el mismo atajo que los Países Bajos y Bélgica: en lugar de fijar su propio máximo, se remitió a uno que ya existía. El art. 29.2 establece que la horquilla de las infracciones muy graves va de 24.000 € «até ao limiar máximo previsto no Decreto-Lei n.º 433/82», es decir, hasta el máximo del Regime Geral das Contraordenações (RGCO) de 1982, la ley general portuguesa de infracciones administrativas.
El artículo 17 de esa ley fija el tope:
«1 - Se o contrário não resultar de lei, o montante mínimo da coima aplicável às pessoas singulares é de (euro) 3,74 e o máximo de (euro) 3740,98. 2 - Se o contrário não resultar de lei, o montante máximo da coima aplicável às pessoas colectivas é de (euro) 44891,81.»
(Traducción propia: «1. Salvo que la ley disponga otra cosa, el importe mínimo de la multa aplicable a las personas físicas es de 3,74 € y el máximo, de 3.740,98 €. 2. Salvo que la ley disponga otra cosa, el importe máximo de la multa aplicable a las personas jurídicas es de 44.891,81 €».)
— Decreto-Lei n.º 433/82, art. 17.1 y 17.2
Tanta precisión lo delata: son importes en escudos convertidos al llegar el euro, en una ley de 1982 pensada para las infracciones administrativas en general. Nadie decidió que 44.891,81 € fuera la sanción adecuada para un banco inaccesible. El máximo portugués por accesibilidad es, en realidad, el residuo de una conversión de moneda.
Qué dice la ley
Las horquillas están en el art. 29.2:
«A cada escalão classificativo de gravidade das infrações corresponde uma coima aplicável de acordo com os seguintes critérios: a) Contraordenação grave: i) Tratando-se de pessoa singular, de € 650 a € 1500; ii) Tratando-se de pessoa coletiva, de € 12 000 a € 24 000; b) Contraordenação muito grave: i) Tratando-se de pessoa singular, de € 2000 até ao limiar máximo previsto no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua redação atual; ii) Tratando-se de pessoa coletiva, de € 24 000 até ao limiar máximo previsto no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua redação atual.»
(Traducción propia: «A cada categoría de gravedad de las infracciones le corresponde una multa, con arreglo a los siguientes criterios: a) Infracción grave: i) si se trata de una persona física, de 650 a 1.500 €; ii) si se trata de una persona jurídica, de 12.000 a 24.000 €; b) Infracción muy grave: i) si se trata de una persona física, desde 2.000 € hasta el umbral máximo previsto en el Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de octubre, en su redacción vigente; ii) si se trata de una persona jurídica, desde 24.000 € hasta el umbral máximo previsto en el Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de octubre, en su redacción vigente».)
— Decreto-Lei n.º 82/2022, art. 29.2 (Diário da República)
| Persona física | Empresa | |
|---|---|---|
| Grave (grave) | 650–1.500 € | 12.000–24.000 € |
| Muy grave (muito grave) | 2.000–3.740,98 € | 24.000–44.891,81 € |
| Por negligencia o en grado de tentativa | Ambos límites a la mitad | Ambos límites a la mitad (máx. ≈ 22.446 €) |
Todas las conductas del art. 29.1 son graves por defecto; el art. 29.4 enumera después las que pasan a ser muito graves. En líneas generales, entran en esta categoría comercializar productos que no cumplen, no adoptar medidas correctoras, no presentar la documentación y no colaborar con las autoridades de vigilancia, incluidas, para los prestadores de servicios, las obligaciones de corrección y colaboración de las letras c) a e) del art. 13.2.
Otros tres apartados determinan el riesgo real. El art. 29.5 obliga a tener en cuenta la reincidencia, el número de unidades que no cumplen y el número de personas afectadas al fijar la cuantía. El art. 29.6 es especialmente benévolo: la tentativa y la negligencia se castigan con los dos límites reducidos a la mitad, de modo que un incumplimiento involuntario tiene un tope de unos 22.400 € para una empresa. Y el art. 29.7 deja claro que pagar la multa no exime de cumplir la obligación.
La sanción que de verdad duele
Con el art. 29.9, Portugal deja de ser un país de sanciones bajas:
«Sem prejuízo da natureza da ou das sanções acessórias a aplicar em cada caso, há sempre lugar à publicidade da decisão condenatória, a expensas do infrator, designadamente em dois jornais de âmbito nacional.»
(Traducción propia: «Sin perjuicio de la naturaleza de la sanción o sanciones accesorias que se impongan en cada caso, la resolución condenatoria se hará pública siempre, a costa del infractor, en particular en dos periódicos de ámbito nacional».)
— Decreto-Lei n.º 82/2022, art. 29.9
Há sempre lugar: siempre. No depende de la autoridad, no se reserva para los casos graves y no es una sanción accesoria que se pueda añadir o no. La publicación va unida automáticamente a la condena, en la prensa nacional, y el anuncio lo paga el infractor.
Chequia obliga a sus autoridades a publicar en sus webs listas de productos y servicios que incumplen. Portugal va más allá: el nombre de la empresa, en dos periódicos, y pagado de su bolsillo. Para una marca de consumo, eso cuesta mucho más que 44.891,81 €, y es la razón por la que el máximo bajo de Portugal no debe confundirse con un riesgo bajo.
El destino del dinero también está detallado, en el art. 32.1:
| Destinatario | Porcentaje |
|---|---|
| El Estado | 40 % |
| Las autoridades que han investigado | 30 % |
| La autoridad que levantó el acta de infracción | 10 % |
| INR, I.P. (Instituto Nacional para a Reabilitação, hoy IDiPD, I.P.) | 10 % |
| El fondo de apoyo a las personas con discapacidad | 10 % |
Conviene fijarse en que el 40 % de lo recaudado vuelve a los propios organismos que vigilan y sancionan, un incentivo que no está de más conocer.
Diez autoridades, repartidas por tecnología
El art. 28 reparte la vigilancia del mercado entre diez organismos, y los límites se trazan por tecnología y no por sector, lo que facilita mucho equivocarse:
| Autoridad | Ámbito |
|---|---|
| ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações) | Hardware informático que funciona por radio o que es un equipo de comunicaciones electrónicas (pero no sus sistemas operativos), además de los servicios de comunicaciones electrónicas |
| ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) | Hardware informático que no funciona por radio, y además los sistemas operativos de todo el hardware, funcione o no por radio |
| ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social) | Acceso a servicios de comunicación audiovisual |
| AMT (Autoridade da Mobilidade e dos Transportes) y ANAC (Autoridade Nacional da Aviação Civil) | Servicios de transporte de viajeros (aéreo, en autobús, ferroviario, marítimo y por vías navegables interiores) |
| IMT, I.P. (Instituto da Mobilidade e dos Transportes) | Terminales de autoservicio interactivos del transporte urbano, suburbano y regional |
| Banco de Portugal | La mayoría de los servicios bancarios para consumidores |
| CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) | La parte de los servicios financieros relativa al mercado de valores |
| Ayuntamientos (municípios) | Cajeros automáticos de su término municipal, con actas de infracción levantadas por las fuerzas de seguridad |
| IGAC (Inspeção-Geral das Atividades Culturais) | Libros electrónicos |
Merece la pena releer las dos primeras filas. Un portátil y su sistema operativo pueden depender de dos autoridades distintas, según que el equipo lleve o no un componente de radio. Es la frontera más fina entre autoridades que hemos encontrado en los 27 países.
El art. 31 deja la instrucción y la resolución en manos del organismo competente en cada caso, y el art. 30 convierte el RGCO de 1982 en la ley supletoria para todo lo que el decreto no regula.
Los requisitos no están en la ley
Portugal tiene otra particularidad: el Decreto-Lei n.º 82/2022 no recoge los requisitos de accesibilidad. El art. 37 los remitió a una orden ministerial conjunta, y es en la Portaria n.º 220/2023, de 20 de julio —firmada por seis ministros— donde están, junto con los criterios para evaluar la carga desproporcionada.
Esto tiene consecuencias prácticas. Una corrección de errores (la Declaração de Retificação n.º 5/2023, publicada el 2 de febrero de 2023) tuvo que rectificar el anexo II del propio decreto, que remitía por error a los requisitos «del anexo I» cuando en realidad los fija la Portaria. Si la ley publicada puede remitir al sitio equivocado, también puede hacerlo el expediente de cumplimiento de una empresa.
El anexo II de esa Portaria es la parte más práctica. Detalla, en la normativa portuguesa, qué costes pueden alegarse para defender que una carga es desproporcionada, siguiendo los criterios del anexo VI de la propia Directiva:
- Costes organizativos puntuales: contratar personal especializado en accesibilidad; formar a la plantilla y adquirir competencias en accesibilidad; crear un nuevo proceso para integrar la accesibilidad en el desarrollo de productos o en la prestación de servicios; elaborar material de orientación sobre accesibilidad; y, con toda franqueza, el coste puntual de entender la propia legislación.
- Costes recurrentes de producción y desarrollo: diseñar las funciones de accesibilidad, fabricar, probar la accesibilidad del producto o servicio y elaborar la documentación.
Esos costes se comparan luego con tres ratios: el coste neto del cumplimiento frente a los costes totales de explotación y de capital; el coste estimado frente al beneficio estimado para los usuarios con discapacidad, ponderado según el uso del producto o servicio; y el coste neto del cumplimiento frente al volumen de negocios neto.
Todos los Estados miembros admiten la excepción por carga desproporcionada con los mismos criterios europeos. Lo que aporta Portugal es esa lista recogida en su propia norma nacional, de modo que una evaluación de carga en Portugal tiene una plantilla clara y local que seguir.
¿Se ha aplicado ya?
No consta ninguna multa ni ningún procedimiento. El INR, I.P. —reestructurado y rebautizado Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, I.P. (IDiPD), por el Decreto-Lei n.º 60/2026, de 24 de febrero de 2026— publica orientaciones sobre el régimen, y desde junio de 2025 los comentarios de los profesionales se han centrado en asesorar, no en informar de casos. Con diez autoridades que tramitan cada una sus propios procedimientos (art. 31), tampoco hay un lugar único donde aparecerían las actuaciones portuguesas, así que la falta de casos conocidos dice aquí menos que, por ejemplo, en Austria.
Qué supone para su empresa
El riesgo en Portugal no se mide por el máximo. 44.891,81 € es poco, pero el art. 29.9 acompaña cada condena de un anuncio obligatorio en la prensa nacional, que paga la empresa y que nadie puede decidir no publicar. En términos de reputación, Portugal puede tener la multa pequeña más cara de la UE.
Tres recomendaciones:
- Identifique con precisión la autoridad competente. El reparto del hardware entre ANACOM y ASAE según tenga o no radio, con los sistemas operativos siempre en manos de ASAE, es una trampa para quien vende dispositivos conectados.
- Lea la Portaria 220/2023, no solo el decreto, porque ahí están los requisitos y los criterios de carga desproporcionada.
- Si se acoge a la carga desproporcionada, prepare el expediente siguiendo la lista de costes del anexo II. Es la plantilla con la que lo revisará una autoridad portuguesa.
Preguntas frecuentes
¿Qué multa prevé Portugal por incumplir la EAA?
Para una empresa, de 12.000 a 24.000 € por una infracción grave y de 24.000 a 44.891,81 € por una muy grave. Para una persona física, de 650 a 1.500 € y de 2.000 a 3.740,98 €. En caso de negligencia o tentativa, los dos límites se reducen a la mitad.
¿Por qué el máximo es una cifra tan rara?
Porque no se fijó pensando en la accesibilidad. El art. 29.2 remite a la ley general de infracciones administrativas de 1982, cuyo máximo (art. 17) es un importe en escudos convertido a euros.
Entonces, ¿Portugal es un país de bajo riesgo?
No del todo. El art. 29.9 obliga a publicar toda resolución condenatoria, a costa del infractor, en dos periódicos nacionales, de forma automática y sin margen de decisión.
¿Quién vigila el cumplimiento?
Diez autoridades, según el art. 28, repartidas tanto por tecnología como por sector: ANACOM, ASAE, ERC, AMT, ANAC, IMT, Banco de Portugal, CMVM, los ayuntamientos e IGAC.
¿Dónde están los requisitos de accesibilidad?
No en el decreto. La Portaria n.º 220/2023, de 20 de julio, fija tanto los requisitos como los criterios de carga desproporcionada, en virtud del art. 37 del decreto.
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