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Compliance

Multas de la EAA en Finlandia: sin tope, con una multa coercitiva

La sanción finlandesa de la EAA no tiene tope: multa coercitiva a la medida.

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Alen Velkov

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EAA Fines - Finland

La sanción finlandesa de la EAA no tiene tope, ni una cifra que se pueda citar con fundamento

El § 14 es todo el régimen sancionador. Contiene una frase sobre una multa coercitiva y una remisión a una ley de 1990, y ni un solo importe en euros. Las cifras que circulan sobre Finlandia —150.000 €, de 5.000 a 50.000 €— no están en la ley. Y esa ausencia no es una laguna: es el propio mecanismo.

Respuesta breve

En Finlandia, las normas de la EAA están en el capítulo 3a de la Ley de prestación de servicios digitales (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019), aplicable a los servicios para consumidores desde el 28 de junio de 2025. La única sanción es una uhkasakko —una multa coercitiva— que Traficom puede acompañar a una orden de cumplimiento. La ley no fija importe, tope ni baremo: la cuantía se decide caso por caso según la Ley de multas coercitivas (uhkasakkolaki, 1113/1990), de carácter general, que tiene en cuenta la naturaleza de la obligación y la capacidad de pago del obligado. La multa puede volver a imponerse hasta que se cumpla. Los productos físicos quedan totalmente fuera de esta ley: dependen de Tukes y se rigen por otra normativa.


Todo el régimen sancionador, en dos frases

«Valvontaviranomainen voi asettaa uhkasakon 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun saavutettavuusvaatimusten noudattamista koskevan määräyksen sekä 13 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyn tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden toteuttamisen tehosteeksi. Uhkasakosta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).»

(Traducción propia: «La autoridad supervisora podrá imponer una multa coercitiva para reforzar la orden relativa al cumplimiento de los requisitos de accesibilidad a que se refiere el § 12, apartado 3, y el ejercicio de los derechos de información e inspección establecidos en el § 13, apartados 1 y 2. La multa coercitiva se rige por la Ley de multas coercitivas [1113/1990]».)

— Ley 306/2019 (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta), § 14 (Finlex)

No hay nada más. Ni cifras, ni tramos, ni importe por infracción. Y la orden que la multa refuerza es igual de escueta:

«Valvontaviranomainen voi määrätä: 1) […] palveluntarjoajan saattamaan kohtuullisessa määräajassa digitaalisen palvelun vastaamaan 3 ja 3 a luvussa säädettyjä vaatimuksia; […]»

(Traducción propia: «La autoridad supervisora podrá ordenar: 1) […] al prestador que adapte el servicio digital, en un plazo razonable, a los requisitos de los capítulos 3 y 3a; […]».)

— § 12, apartado 3

Las cifras que circulan no están en la ley

En las tablas comparativas aparecen dos cifras para Finlandia. Ninguna figura en la Ley 306/2019.

Cifra que se suele verDe dónde sale¿Está en la ley?
«Hasta 150.000 €»Contenidos de proveedores de soluciones de cumplimiento y resúmenes jurídicosNo
«De 5.000 a 50.000 € por infracción»Tablas comparativasNo: no existe ningún baremo por infracción

Hay una razón de fondo para que sigan apareciendo. Al imponer una multa coercitiva hay que fijarle un importe, así que, cuando empiecen a resolverse casos en Finlandia, habrá cifras reales; pero no serán máximos legales, sino el resultado de cada caso. Cualquier «máximo» finlandés que se cite hoy carece de respaldo legal.

Por qué no tener tope es peor que tener uno alto

La primera reacción es interpretar «sin multa fija» como indulgencia. En Finlandia es justo al revés, por tres motivos.

Se ajusta a cada empresa. La cuantía se fija según la Ley general de multas coercitivas, que obliga a la autoridad a valorar la naturaleza y el alcance de la obligación y, sobre todo, la capacidad de pago del obligado. Un tope que hundiría a un pequeño comercio sería calderilla para un gran banco, así que el sistema no fija ninguno. Una gran empresa no puede consultar cuál sería el peor escenario: el peor escenario se calcula a su medida.

Se repite. La uhkasakko sirve para forzar el cumplimiento, no para castigar algo ya ocurrido. Si vence el plazo, la multa se impone y se cobra, y se puede fijar otra. No llega un momento en que la infracción esté «pagada» y se pueda seguir igual.

No hay cifra con la que calcular el riesgo. Un país con un tope de 10.000 € invita a hacer cuentas: cuánto cuesta cumplir frente a lo máximo que se arriesga. Finlandia elimina por completo ese cálculo. Por eso resulta más disuasoria que muchos de los regímenes con tope fijo de esta serie, aunque no tenga una cifra llamativa, y por eso meter a Finlandia en el mismo grupo que Dinamarca, Grecia, Malta y España como países «sin multa fija» confunde más de lo que aclara.

Cambio de supervisor en enero de 2025

Traficom (Liikenne- ja viestintävirasto) —la Agencia Finlandesa de Transportes y Comunicaciones, a través de su unidad de supervisión de la accesibilidad digital— asumió el 1 de enero de 2025 la vigilancia tanto del sector público como de los servicios para consumidores del capítulo 3a. Hasta entonces, la supervisión correspondía a una agencia administrativa regional del Estado (AVI).

Muchas guías y páginas de proveedores siguen mencionando la AVI. Están desfasadas. Si la documentación de cumplimiento de una empresa para Finlandia cita al supervisor equivocado, su plan de respuesta también se equivoca.

Las facultades de Traficom según el § 13 son amplias: sin que se le pueda oponer la confidencialidad y de forma gratuita, puede obtener la información y las aclaraciones que necesite, fijar el plazo y el formato de entrega y ordenar una inspección en las instalaciones del prestador, salvo en viviendas permanentes. Si se le pide, el prestador debe conceder los permisos de acceso necesarios para extender la inspección a servicios de acceso restringido en red. Traficom puede recurrir a expertos externos, que quedan sujetos a las normas de conducta y de responsabilidad penal de los funcionarios.

Los productos no están en esta ley

Aquí es donde muchos se confunden. La Ley 306/2019 solo regula los servicios digitales.

ÁmbitoAutoridadLey
Servicios digitales (capítulo 3a)TraficomLey 306/2019
Productos físicos: equipos informáticos de consumo, terminales de autoservicio y de pago, lectores de libros electrónicosTukes (Agencia Finlandesa de Seguridad y Productos Químicos)Ley 102/2023 sobre requisitos de accesibilidad de determinados productos, con vigilancia del mercado según la Ley 1137/2016
Número de emergencia 112Ministerio del Interior—

Así que «la sanción finlandesa de la EAA» no es una sola cosa: una empresa que vende un dispositivo y además ofrece un servicio online responde ante dos autoridades, con dos leyes y dos sistemas de control distintos. Cualquier cifra única que se dé para Finlandia describe, como mucho, uno de los dos.

Un derecho individual que no necesita al supervisor

El § 10 da a los usuarios una vía directa, que cada persona puede ejercer por su cuenta y que funciona al margen de Traficom:

«Jos digitaalisen palvelun käyttäjä tarvitsee etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa selvittämiseksi tai toteuttamiseksi digitaalisesta palvelusta sellaista sisältöä, joka ei täytä saavutettavuusvaatimuksia, käyttäjällä on oikeus saada nämä sisällöt perustellusta syystä yksittäistapauksessa saavutettavuusvaatimukset täyttävässä muodossa tai muuten vaihtoehtoisella palvelun käyttäjän kannalta saavutettavalla tavalla.»

(Traducción propia: «Si el usuario de un servicio digital necesita, para conocer o ejercer sus intereses, derechos u obligaciones, contenidos del servicio que no cumplen los requisitos de accesibilidad, tendrá derecho a recibirlos, por causa justificada y en un caso concreto, en un formato que cumpla dichos requisitos o, de otro modo, por una vía alternativa que le resulte accesible».)

— § 10, apartado 2

Y el plazo es corto:

«Palveluntarjoajan on vastattava palautteisiin ja pyyntöihin viipymättä, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.»

(Traducción propia: «El prestador deberá responder a los comentarios y solicitudes sin demora y, a más tardar, en el plazo de dos semanas desde que se le contacte».)

— § 10, apartado 3

Dos semanas, prorrogables otras dos si se avisa. La negativa debe darse en un documento escrito y motivado, y se puede pedir a Traficom que la revise, con una resolución formal recurrible. En Polonia, una reclamación sin respuesta se considera estimada a los 30 días; la versión finlandesa es más rápida, exige motivación y termina en manos del supervisor.

Las microempresas, totalmente excluidas

«Tätä lukua ei sovelleta digitaalisiin palveluihin, joita tuottavat eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista annetun lain (102/2023) 4 §:n 2 kohdassa tarkoitetut mikroyritykset.»

(Traducción propia: «El presente capítulo no se aplica a los servicios digitales prestados por las microempresas a que se refiere el § 4, punto 2, de la Ley sobre requisitos de accesibilidad de determinados productos [102/2023]».)

— § 10b

Es una exclusión limpia y total del capítulo 3a: ni obligación de documentar, ni de notificar, ni ninguna otra.

¿Se ha impuesto ya alguna multa?

No consta ninguna multa coercitiva en virtud del capítulo 3a. Pero Finlandia tiene ya en marcha más mecanismos de control que la mayoría de los Estados miembros, porque la vigilancia del sector público funciona desde 2019.

Según su programa de supervisión publicado, Traficom revisa a fondo cada año unos 20 sitios web y 12 aplicaciones móviles, y unos 240 sitios más mediante una revisión simplificada. Las muestras se ponderan con las aportaciones de las organizaciones de personas con discapacidad y deben repetir al menos un 10 % de servicios ya revisados. El procedimiento empieza con orientaciones administrativas, sigue con la supervisión formal y deja la multa coercitiva como último recurso.

Desde el 28 de junio de 2025, Traficom recibe además las notificaciones de incumplimiento de los propios prestadores: el que no pueda cumplir un requisito y no se acoja a una exención documentada debe comunicarlo él mismo, con un calendario de corrección.

Qué significa para su empresa

No busque la cifra: no existe, y las que encontrará no están en la ley. Es mejor organizarse en torno a tres ideas:

  1. Lo decisivo es la orden. Nada cuesta dinero hasta que Traficom ordena cumplir y la empresa deja pasar el plazo. Todo lo anterior son orientaciones y cartas.
  2. El plazo real es de dos semanas. La solicitud individual del § 10 se rige por un plazo de dos semanas, exige que la negativa sea escrita y motivada y es recurrible; y no espera a que el supervisor se interese.
  3. Compruebe con qué autoridad está tratando. Servicios digitales: Traficom, desde enero de 2025, no la AVI. Productos: Tukes, con otra ley. Comunicaciones de emergencia: el Ministerio del Interior.

Y si la empresa recibió financiación externa —pública o privada, ajena a sus propios recursos— expresamente para mejorar la accesibilidad, no puede acogerse a la exención por carga desproporcionada. Es la misma trampa de la financiación que existe en Polonia, Luxemburgo y Dinamarca.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la multa de la EAA en Finlandia?

La ley no fija ningún importe. El § 14 solo permite una multa coercitiva (uhkasakko) para reforzar una orden de cumplimiento, cuya cuantía se decide caso por caso según la Ley de multas coercitivas (1113/1990).

¿Es real la cifra de 150.000 €?

No. Aparece en contenidos secundarios sobre cumplimiento y no tiene base en la Ley 306/2019. Tampoco la horquilla de 5.000 a 50.000 € por infracción.

Entonces, ¿Finlandia es un país de bajo riesgo?

No en el sentido que sugiere la expresión «sin multa». El importe se fija en función de la capacidad de pago de la empresa y la multa se puede volver a imponer hasta que cumpla, así que no hay máximo ni momento en que la infracción quede saldada.

¿Quién es el supervisor?

Traficom, para los servicios digitales, desde el 1 de enero de 2025; no la AVI, que todavía citan fuentes antiguas. Los productos dependen de Tukes, y el número 112, del Ministerio del Interior.

¿Qué hay que hacer si un usuario pide un contenido en formato accesible?

Responder en dos semanas (prorrogables otras dos si se avisa) y, en caso de negativa, entregar un documento escrito y motivado. Lo establece el § 10.


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