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Compliance

Multas de la EAA en Lituania: 500-15.000 €, también para fintechs

Lituania multa con 500-15.000 € y ya ha reformado dos veces su ley en 2026.

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Alen Velkov

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Lithuania - EAA Fines

Lituania ha reformado dos veces en 2026 su ley de accesibilidad y ha cerrado la laguna de las fintechs

La multa es modesta: de 500 a 15.000 €. Lo que hace interesante a Lituania es que ya ha reescrito dos veces este año su ley de accesibilidad, y uno de esos cambios tapa un hueco que no hemos visto cerrar en ningún otro país.

Respuesta breve

La ley lituana que transpone la EAA —la Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymas (GPPRĮ), Ley n.º XIV-1633— se aplica desde el 28 de junio de 2025 y se ha modificado dos veces en 2026: con la Ley n.º XV-760 (10 de marzo, en vigor desde el 1 de abril) y con la Ley n.º XV-907 (12 de mayo, en vigor desde el 30 de junio). La sanción puede ser una advertencia, una multa de 500 a 15.000 € (en tres tramos) o una resolución que restrinja o prohíba la comercialización; la multa no excluye la restricción por la misma infracción, y desde abril de 2026 la restricción puede adoptarse antes de que concluya el examen del caso. Del control se encargan cuatro autoridades, junto a las cuales actúa una comisión consultiva sobre accesibilidad prevista en la ley. La reforma de 2026 también redefinió los servicios bancarios para consumidores en función del tipo de servicio y no del tipo de prestador.


El cambio que afecta a las fintechs

Este es el cambio que merece la pena copiar, y no lo hemos visto en ningún otro Estado miembro.

En su versión original, la ley lituana vinculaba los «servicios bancarios para consumidores» a la condición formal del prestador: un banco o una entidad financiera autorizada. La reforma del 1 de abril de 2026 lo sustituyó por un criterio funcional: la categoría abarca ahora a cualquier agente económico que preste alguno de los servicios enumerados expresamente (crédito, servicios de inversión, servicios de pago y dinero electrónico).

El hueco que se cierra es evidente en cuanto se explica. Con una definición basada en la condición del prestador, una fintech no bancaria que ofreciera un producto de pago o de crédito funcionalmente idéntico podía alegar que quedaba fuera de la categoría bancaria. Lituania le ha quitado ese argumento.

Antes del 1 de abril de 2026Desde el 1 de abril de 2026
CriterioQuién es el prestador (banco o entidad financiera autorizada)Qué servicio se presta
AbarcaEntidades autorizadasCualquier agente económico que preste servicios de crédito, inversión, pago o dinero electrónico
Fintech no bancariaPodía alegar que quedaba fueraIncluida

Si opera una fintech en la UE, este es el cambio legislativo que conviene vigilar en otros países; y en Lituania ya le afecta.

Qué sanciones hay

El procedimiento se inicia por denuncia —de un consumidor, un usuario final, una institución estatal o municipal, una asociación de consumidores u otra parte interesada— o de oficio, cuando la autoridad tiene motivos suficientes para sospechar una infracción.

Hay tres resultados posibles:

  • una advertencia (įspėjimas), posible solo cuando un producto no conforme no llegó a los consumidores y el operador lo retiró voluntariamente (art. 23.6);
  • una multa de 500 a 15.000 € en tres tramos (art. 23): de 500 a 2.500 € por un producto o servicio no conforme, de 1.000 a 6.500 € por ignorar una prohibición, restricción u orden de la autoridad, y de 2.500 a 15.000 € cuando el producto o servicio haya perjudicado la salud de un consumidor; la cuantía parte de la mitad del tramo y baja o sube según las circunstancias atenuantes y agravantes;
  • una resolución que restringe o prohíbe la comercialización del producto.

Las multas y las medidas de mercado se acumulan: la multa no exime al operador de retirar el producto no conforme ni de suspender el servicio (art. 23.5), de modo que una misma infracción puede acarrear una multa y una restricción. La reforma de 2026 endureció el sistema: las autoridades adoptan ahora medidas restrictivas sin esperar a que se examine y apruebe la resolución sobre el acta de la infracción (art. 26.3), de modo que la medida de mercado puede llegar antes de que se cierre el expediente.

Las resoluciones que imponen una multa, una advertencia o una restricción de mercado pueden recurrirse en el plazo de un mes desde su notificación, con arreglo al artículo 14 de la ley de administración pública (Viešojo administravimo įstatymas) o a la ley de procedimiento contencioso-administrativo (Administracinių bylų teisenos įstatymas). Acudir a los tribunales no suspende la resolución, salvo que el tribunal disponga otra cosa (art. 27).

La horquilla de 500 a 15.000 € sitúa a Lituania en la zona media-baja de la UE: por encima de los 6.000 € del tramo de accesibilidad de Eslovaquia y muy por debajo de los 132.720 € de Croacia o los 400.000 € de Chequia. Pero conviene fijarse en la estructura: la advertencia es una consecuencia legal formal, no una simple práctica informal, aunque de alcance estrecho: está reservada a los productos retirados voluntariamente antes de llegar a los consumidores.

Cuatro autoridades y una comisión consultiva junto a ellas

Así reparte el control Lituania, según el propio Ministerio:

AutoridadÁmbito
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Servicio Estatal de Protección de los Derechos de los Consumidores)«vartotojų bendrosios paskirties kompiuterių aparatinės įrangos sistemos» (sistemas de hardware informático de uso general para consumidores), terminales de autoservicio, «elektroninės skaityklės» (lectores de libros electrónicos), equipos terminales de telecomunicaciones, banca, libros electrónicos y comercio electrónico; y, desde la reforma de 2026, los dispositivos de acceso a servicios audiovisuales
Lietuvos transporto saugos administracija (Administración de Seguridad del Transporte de Lituania)Elementos de los servicios de transporte
Ryšių reguliavimo tarnyba (Autoridad Reguladora de las Comunicaciones)Servicios de comunicaciones electrónicas
Radijo ir televizijos komisija (Comisión de Radio y Televisión)Servicios de comunicación audiovisual; en 2026 perdió la competencia sobre los dispositivos de acceso audiovisual

Cuatro autoridades son pocas para lo que es habitual en la región: Letonia reparte los servicios entre siete y Eslovenia, entre ocho. Y el Servicio de Protección de los Derechos de los Consumidores tiene ahora, con mucha diferencia, el ámbito más amplio de las cuatro, así que es el interlocutor más probable para la mayoría de las empresas.

Lo que distingue a Lituania es el artículo 5, que crea una Comisión de Coordinación de la Accesibilidad de Productos y Servicios: un órgano consultivo permanente, adscrito a la institución que designe el ministro de Seguridad Social y Trabajo, que examina cuestiones de accesibilidad y formula propuestas a los ministerios y otros organismos. Reúne a las autoridades de control y otras instituciones del Estado con organizaciones de personas con discapacidad, centros de investigación y de enseñanza superior y asociaciones empresariales, que en conjunto deben representar al menos un tercio de sus miembros; todo ello está previsto en la propia ley. España creó en 2026 por real decreto la Unidad técnica de apoyo y coordinación; la mayoría de los demás Estados miembros dejan este tipo de coordinación en el terreno informal. Teniendo en cuenta que buena parte de esta serie es un catálogo de problemas de fragmentación, Lituania incorporó a la ley desde el principio una respuesta institucional a ese problema.

El sistema de certificación de libros electrónicos

Lituania tiene algo que no hemos encontrado en ningún otro país de la UE: un sistema de certificación de publicaciones accesibles en funcionamiento.

La Lietuvos audiosensorinė biblioteka (Biblioteca Audiosensorial de Lituania, LAB) lo gestiona desde marzo de 2024 y comprueba los archivos EPUB frente al nivel AA de las WCAG 2.2. Es anterior en más de un año a la fecha de aplicación de la EAA.

Para las editoriales, es una vía concreta de cumplimiento y no un ejercicio de interpretación: se envía el archivo y se obtiene un dictamen. En otros países, la accesibilidad de los libros electrónicos queda a la evaluación que haga la propia editorial frente a la EN 301 549. Si publica libros electrónicos en la UE, conviene conocer el sistema lituano aunque Lituania no sea su mercado principal, porque un EPUB certificado por la LAB es una prueba que puede hacerse valer en otros países.

Ámbito: toda la red ferroviaria

Hay una decisión de diseño que interesa a los operadores de transporte. Lituania aplica todos los requisitos de accesibilidad a toda su red ferroviaria nacional, sin las exclusiones urbanas, suburbanas y regionales que la mayoría de los Estados miembros toman de las exclusiones opcionales de la Directiva.

Con el transporte por carretera urbano y suburbano hace lo contrario: lo limita a los terminales interactivos de autoservicio no integrados. En Lituania, por tanto, importa más el modo de transporte que el ámbito geográfico.

Los elementos habituales

Las microempresas que prestan servicios están totalmente exentas (art. 7.1): menos de diez trabajadores e ingresos o activo del balance inferiores a 2 millones de euros.

La trampa de la financiación también rige aquí: el agente que acepta financiación destinada específicamente a mejorar la accesibilidad pierde la excepción por carga desproporcionada, la misma norma que hemos visto en Polonia, Luxemburgo, Dinamarca y Finlandia.

Los requisitos del 112 solo se aplican desde el 28 de junio de 2027, una opción que permite la Directiva y que han adoptado varios Estados miembros.

Hay legitimación colectiva: las entidades estatales o municipales, las asociaciones de consumidores y otras partes interesadas pueden presentar denuncias en nombre de un consumidor.

¿Se ha sancionado ya a alguien?

No consta ninguna multa ni ninguna resolución de restricción. La situación de Lituania es peculiar porque el marco se ha ido moviendo mientras se aplicaba: la ley vigente el 28 de junio de 2025 no es la que está en vigor hoy, y la segunda reforma de 2026 se aprobó en mayo y entró en vigor el 30 de junio. La autoridad que tramita sus primeros casos lo hace con un texto en movimiento.

Qué supone para su empresa

  1. Comprobar si ahora está incluido. Si presta servicios de crédito, pago, inversión o dinero electrónico en Lituania sin ser un banco autorizado, la reforma de abril de 2026 le ha incluido en la categoría de banca para consumidores. Es el motivo más probable de que la evaluación de una empresa para Lituania esté desfasada.
  2. Contar con el Servicio de Protección de los Derechos de los Consumidores. Abarca la mayoría de las categorías de productos, además de la banca, los libros electrónicos y el comercio electrónico, y en 2026 asumió los dispositivos de acceso audiovisual.
  3. No dar por hecho que la multa es lo peor. La autoridad puede restringir o prohibir la comercialización y multar por la misma infracción, y desde abril de 2026 puede imponer la restricción antes de terminar el examen del caso.
  4. Si publica libros electrónicos, aprovechar el sistema de certificación de la LAB.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la multa de la EAA en Lituania?

De 500 a 15.000 €, en tres tramos: de 500 a 2.500 € por el propio incumplimiento, de 1.000 a 6.500 € por ignorar una prohibición u orden de la autoridad y de 2.500 a 15.000 € cuando se haya perjudicado la salud. También puede imponerse una restricción o prohibición de comercialización; la multa no excluye la restricción, y cabe una advertencia cuando un producto no conforme se retiró voluntariamente antes de llegar a los consumidores.

¿Ha cambiado la ley desde su entrada en vigor?

Sí, dos veces en 2026: con la Ley n.º XV-760 (en vigor desde el 1 de abril) y con la Ley n.º XV-907 (aprobada el 12 de mayo y en vigor desde el 30 de junio).

Soy una fintech, no un banco. ¿Me afecta?

En Lituania, sí. Desde abril de 2026, los servicios bancarios para consumidores se definen por el servicio que se presta —crédito, inversión, pago o dinero electrónico— y no por la licencia del prestador.

¿Quién vigila el cumplimiento?

Cuatro autoridades, junto a las cuales actúa, con carácter consultivo, una Comisión de Coordinación de la Accesibilidad de Productos y Servicios prevista en la ley. El Servicio Estatal de Protección de los Derechos de los Consumidores es el que tiene el ámbito más amplio.

¿Se pueden certificar los libros electrónicos?

Sí. La Biblioteca Audiosensorial certifica desde marzo de 2024 archivos EPUB frente al nivel AA de las WCAG 2.2; es el único sistema de este tipo que hemos encontrado en funcionamiento en la UE.


Artículos relacionados

Nota sobre las fuentes: los tramos de multa, el procedimiento y las autoridades se han contrastado con el texto consolidado de la Ley n.º XIV-1633, en la redacción dada por las leyes XV-760 y XV-907 (arts. 5, 6, 7, 14, 23, 26, 27 y 28; consultado a través de la consolidación de Infolex, porque e-TAR bloquea el acceso automatizado), y con la guía oficial de aplicación del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo (edición de mayo de 2026).

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